Recomiendan extradición de Fujimori
La fiscal de la Corte Suprema chilena dijo que los antecedentes en el proceso del ex presidente Alberto Fujimori ''son demoledores'', y recomendó su extradición a Perú para que sea juzgado por violaciones a los derechos humanos y por corrupción.
La fiscal Mónica Maldonado entregó en la secretaría de la Corte Suprema un informe de medio centenar de páginas en los que analiza, de acuerdo con el derecho procesal chileno y el internacional, la legalidad de la extradición de Fujimori.
A la salida de los tribunales Maldonado dijo a los periodistas que ''...yo me tomé todo el tiempo que dispongo para revisar el expediente, y podría decir que sí, son demoledores los antecedentes''.
''Estoy tranquila, después de mucho estudio, saqué los resultados...'', agregó.
La recomendación de Maldonado no es vinculante y la resolución de primera instancia deberá ser tomada por el juez Orlando Álvarez, luego que el magistrado reanude sus actividades, ya que actualmente se encuentra con licencia médica por diez días.
La sentencia de Álvarez tiene que ser confirmada o revocada por la segunda sala penal de la Corte Suprema. Esa resolución final, irrevocable, puede tomar algunos meses.
Maldonado, en un escrito de 51 páginas, acogió ocho de los diez cargos de corrupción y los dos por violaciones a los derechos humanos que invocó Perú en su petición de extradición.
''Esta fiscal es del parecer que se acoja el requerimiento de extradición del ciudadano peruano Alberto Fujimori'', afirmó la fiscal.
Fujimori, de 68 años y quien gobernó al Perú entre 1990 y 2000, fue acusado de 12 cargos de violación a los derechos humanos y corrupción. Los dos cargos de violaciones a los derechos humanos corresponden a las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y la universidad La Cantuta, en 1992, donde en conjunto fueron muertas 25 personas. Todas esas muertes habrían sido perpetradas por el comando paramilitar Colina, que según la acusación de los fiscales peruanos, dependía directamente del ex gobernante, quien también es acusado de sofocar a sangre y fuego en 1997 la ocupación de la embajada japonesa en Lima por parte del grupo subversivo Tupac Amaru.
El ex gobernante peruano llegó sorpresivamente a Chile el 6 de noviembre del 2005 cuando sobre él pesaba una orden de captura internacional por encontrarse prófugo de la justicia de su país. Al día siguiente fue puesto bajo arresto preventivo por petición del gobierno peruano, quien el 2 de enero del 2006 formalizó su solicitud de extradición.
El juez de la Corte Suprema Orlando Álvarez fue encomendado de sustanciar el proceso de extradición. Álvarez mantuvo a Fujimori en prisión preventiva durante seis meses.
Tras su liberación bajo fianza, en mayo del año pasado, Fujimori, quien en estos meses se ha dedicado a recorrer el país, emitió conceptos políticos que molestaron al gobierno chileno, que le transmitió su irritación.
El portavoz oficial, Ricardo Lagos Weber, afirmó el jueves que ''éste es un tema netamente judicial que lo lleva un poder independiente del Ejecutivo. Lo que nosotros como gobierno vamos a hacer como gobierno es dar las garantías para que cualquiera sea la resolución que adopte la Corte Suprema en su oportunidad se cumpla''.
Lagos Weber señaló respecto a una posible fuga de Fujimori o a su asilo en la embajada de Japón, que existe una orden de arraigo judicial para evitarle abandonar el país mientras se resuelve la extradición. Y que además el gobierno ha adoptado otras medidas cautelares legales.
La recomendación de Maldonado fue aplaudida por Amnistía Internacional Chile, que señaló que su juzgamiento se justifica por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su decenio de gobierno, ''entre otras, hubo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, malos tratos, amenazas de muerte, hostigamiento, detenciones arbitrarias y juicios injustos'', según sostuvo el organismo humanitario.
El abogado Alfredo Etcheberry, representante del gobierno peruano en el proceso, expresó su temor de que Fujimori pueda escapar, por lo que estudiará con los representantes de Perú pedir que sea encarcelado.
''Tenemos el temor de que él eluda el cumplimiento de la sentencia y que este dictamen de la fiscal sea para él un mal presagio respecto de los resultados'', declaró.
Concluyó que ''si corresponde pedir o no alguna medida, tenemos que meditarlo más detenidamente y consultarlo con nuestros clientes en la Procaduría''
