Hank vuelve a la carrera para gobernador
El máximo tribunal electoral de México señaló el viernes que el controversial alcalde de la ciudad de Tijuana puede postularse como candidato a gobernador del estado de Baja California, revirtiendo la decisión de una corte estatal.
El Tribunal Federal Electoral determinó de manera unánime que el derecho constitucional de Jorge Hank Rhon para postularse está por encima de la regulación estatal, dijo Martín Takagui, portavoz del tribunal.
“La democracia regresó a Baja California”, dijo Hank Rhon a la prensa, mientras sus simpatizantes celebraban la decisión del tribunal.
La corte estatal había prohibido a Hank Rhon postularse por una ley que impedía hacerlo a quienes no hubieran concluido un mandato anterior en otro cargo.
El fallo del tribunal federal representó un triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se ha debilitado desde que perdió la presidencia en el 2000 y confía en Hank Rhon para recuperar el gobierno de Baja California, el estado con el mayor ingreso per cápita en el país.
Hank Rhon, empresario cuya fortuna se calcula en 500 millones de dólares, pidió licencia para dejar la presidencia municipal (alcaldía) en febrero, a fin de postularse para gobernador, aunque su mandato no concluía sino hasta noviembre. Las elecciones están previstas para el 5 de agosto.
Descendiente de una familia muy influyente en la política, Hank Rhon --dueño de un galgódromo y de un zoológico privado con unos 20.000 animales-- ganó la presidencia municipal pese a las acusaciones de tráfico de drogas y animales exóticos, compra de votos y ‘lavado’ de dinero.
Uno de sus guardaespaldas fue hallado culpable de asesinar en 1988 al columnista de Tijuana Héctor Félix, del semanario de investigación Zeta. Hank Rhon ha negado tener relación con el homicidio, y ha dicho que su custodio fue sentenciado injustamente.
En 1999, un reporte del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas de Estados Unidos mencionó a Hank Rhon como colaborador de narcotraficantes. Pero la ex secretaria de Justicia, Janet Reno, dijo después que las conclusiones del informe “nunca fueron adoptadas como una opinión oficial”.
