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Aprueban en comisiones reforma judicial

Los diputados avalaron la minuta del Senado que se refiere a los cateos sin orden judicial; el PRD lamentó esta decisión pues “se sabe que la policía está coludida con el crimen organizad
mar 19 febrero 2008 04:58 PM

Las comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobaron, sin cambios, la minuta avalada por el Senado en materia de Justicia en la cual se incluye el tema de los cateos sin orden judicial.

Con 32 votos a favor de las fracciones del PAN, PRI y PVEM, así como 14 en contra del PRD, PT y Convergencia se turnó al pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro el dictamen que se espera sea conocido en primera lectura en la sesión de este jueves.

En un debate de casi una hora las bancadas fijaron sus posturas sobre la minuta -previamente avalada por el Senado de la República- y en donde se establecen cambios constitucionales al Artículo 16, en lo referente al tema de los cateos y allanamientos.

En el tema de los cateos, una vez que está reforma judicial sea avalada por la mayoría de los 31 congresos estatales, permitiría éstos sin orden judicial, cuando se trate de situaciones extremas o de excepción y cuando esté en peligro la vida o integridad física de alguna persona.

Durante el debate en comisiones, el diputado perredista Andrés Lozano Lozano aseguró que la reforma en el tema de los cateos no está dirigida al crimen organizado, sino que, opinó, se prestará para violentar garantías individuales de ciudadanos inocentes.

Lamentó que se apruebe una reforma que avala los cateos y allanamientos en domicilios, cuando según él, hay evidencias de que policías federales, estatales y municipales están coludidos con el crimen organizado.

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El diputado federal priista Raúl Cervantes dijo que es incongruente que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechace esta reforma, cuando en diciembre pasado la avaló. "O es que existen varios partidos dentro del PRD", preguntó.

Durante la sesión de esas comisiones, la candidata a dirigir el PRD en el Distrito Federal, Alejandra Barrales, acompañada por diputados federales de ese partido se manifestaron contra la reforma.

La diputada Silvia Oliva Fragoso, del PRD, solicitó una moción suspensiva, la cual fue rechazada.

La reforma en los temas donde el Senado no modificó ningún artículo establece la figura de los llamados "jueces de control" que estarán encargados, incluso de manera oral, de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión y realizar las audiencias preliminares en el juicio.

Además se prohibirá que los sentenciados por delitos de delincuencia organizada puedan compurgar sus penas en centros penitenciarios cercanos a su domicilio, así como se contemplan restricciones a las comunicaciones de esos internos con terceros, salvo su defensor.

Respecto a las órdenes de aprehensión se reducen los requisitos para su emisión por parte de un juez, ya que con la existencia del hecho previsto en la ley penal y la probable participación del imputado en el hecho "y no ya la acreditación del cuerpo del delito" ni tampoco la probable responsabilidad del inculpado.

En el tema del arraigo se establece una reforma constitucional para incluir esa figura en la carta magna "exclusivamente para casos de delincuencia organizada" donde el juez fijará el lugar y las condiciones de su ejecución.

La reforma constitucional en materia de justicia contempla los llamados juicios orales que permitirán agilizar la impartición de justicia y hacer transparentes los procesos.

Por otra parte, la reforma prevé un apartado de "derechos de las víctimas" donde se incluye el resguardo de su identidad cuando se trate de menores de edad, víctimas de violación, secuestro, delincuencia organizada o cuando el juez lo estime necesario para su protección.

Se incluye la figura de extinción del dominio de bienes a las organizaciones y grupos de delincuentes en casos en que aún cuando no se haya dictado sentencia se determine la responsabilidad penal, sean usados para la comisión de un delito por un tercero o cuando existan elementos de que son producto de delitos patrimoniales.

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