La tensión política aumenta en Bolivia
La crisis política en Bolivia se agudizó el lunes, con el Gobierno insistiendo en la necesidad de imponer una Constitución socialista y la oposición ratificando que seguirá con sus planes de que los departamentos más ricos del país declaren su autonomía.
Un día después de que el distrito de Santa Cruz, la capital económica de Bolivia, votara en un referendo a favor de reducir su dependencia del Gobierno central, el oficialismo y la oposición volvieron a chocar sobre cómo sacar adelante a la nación más pobre de Sudamérica.
Para el Gobierno izquierdista, el estatuto de autonomía que los cruceños aprobaron el domingo es, además de ilegal y separatista, inaplicable, debido a que la alta abstención en la consulta demostraría que carece de un consenso básico.
En tanto, la oposición reafirmó que otros tres distritos en el oriente del país, de los nueve que tiene Bolivia, realizarán en los próximos meses referendos de autonomía para frenar las ambiciones centralistas del presidente Evo Morales, que busca con la nueva Constitución dar marco legal a su nacionalización de la economía y otorgar más poder a la mayoría indígena.
"Este Gobierno es miope. El (Morales) no reconoce la voluntad popular (...) No se está entendiendo el proceso de desplazamiento de hegemonía que se viene dando en el país", resaltó a un canal de televisión local el prefecto del departamento de Beni, Cayetano Llobet.
Morales, quien había llamado a la abstención en Santa Cruz, dijo en la noche del domingo que la consulta fue un fracaso. Sin embargo hizo un llamado al diálogo con la oposición.
El lunes, su portavoz, Iván Canelas, afirmó que el mandatario está a la espera de la respuesta de los departamentos opositores sobre si aceptan su propuesta.
Descentralizacion
Los departamentos de Beni, Pando y Tarija, donde está la mayor parte de las enormes reservas de gas natural bolivianas, planean convocar a sus referendos desde junio.
Santa Cruz, en la fértil llanura oriental del país, obtendrá por el estatuto competencias reservadas al Estado nacional en materia de educación, seguridad, justicia y economía, en una barrera contra el plan del Gobierno de "refundar" el país con la nueva Constitución.
Analistas creen que Morales deberá negociar con los departamentos rebeldes para incluir en la nueva Constitución algunas exigencias autonomistas y evitar desintegrar al país.
Para el ministro de Gobierno, Gustavo Rada, el ausentismo en la consulta del domingo habría superado el 40%, lo que mostraría la falta de consenso sobre la autonomía en el distrito que representa un tercio de la economía de Bolivia.
"Nosotros creemos que (el ausentismo) va a estar por encima del 40%", explicó Rada al canal de televisión ATB.
Según datos de la corte electoral local con un 34% de las mesas escrutadas, el "sí" al estatuto autonómico obtenía un 84% y el "no" un 16%, con un 36% de ausentismo.
El referendo no fue avalado por la autoridad electoral ni la justicia nacional.
Crisis política
La votación estuvo signada por la violencia, con decenas de heridos en choques entre seguidores del Gobierno, que buscaron boicotear el referendo, y simpatizantes autonomistas, que defendieron con piedras y palos los centros de votación.
"Este estatuto es para los ricos. Nosotros nos vamos a resistir por la fuerza si hace falta", dijo Joaquín Aldana, un soldador de 24 años en el Plan 3000, un barrio pobre en la periferia de la ciudad de Santa Cruz que fue el epicentro de los enfrentamientos del domingo.
En una muestra de fuerza, cientos de miles de personas salieron el domingo a las calles en varias ciudades del altiplano boliviano contra el referendo cruceño.
Bolivia está polarizada entre los sectores más ricos de las llanuras del este, propietarios de la mayor parte de la tierra; y los indígenas fieles a Morales que viven de la agricultura de subsistencia en las sierras del occidente.
Santa Cruz también está enfrentada con el Gobierno por una reforma agraria que podría hacerles perder decenas de miles de hectáreas a sus terratenientes.
La nueva Constitución fue aprobada, sin el aval de la oposición, por una Asamblea Constituyente controlada por el oficialismo y debe pasar por una serie de referendos para entrar en vigencia.
