Plantean ‘blindar’ reforma energética
Las iniciativas de reforma energética del Ejecutivo federal se ajustan al marco constitucional, pero deben modificarse para evitar controversias y acciones de inconstitucionalidad, consideraron especialistas en Derecho.
En el foro "Análisis Constitucional de las Iniciativas de Reforma Energética" que organiza el Senado, el secretario general del CIDE, Sergio López Ayllón, sostuvo que dicha propuesta respeta la carta magna, pero debe ser reformada para blindarla "en algunos puntos específicos y robustecer su congruencia con la Constitución".
Opinó que las iniciativas cumplen de manera cabal con el precepto constitucional pues proponen que Petróleos Mexicanos (Pemex) siga con la facultad exclusiva sobre el crudo, los productos de la petroquímica básica y de la refinación.
El integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) indicó que se modifica el alcance de las "áreas estratégicas" para la posible participación del sector privado en diversas áreas antes reservadas al Estado.
A su decir, ello no contraviene disposición constitucional alguna, al igual que los llamados contratos incentivados, pues no tiene nada qué ver con los contratos de riesgo.
En su oportunidad José Luis Romero, doctor en Derecho Constitucional, afirmó que si bien algunos puntos de la reforma "entran en colisión con la Constitución, no tienen ningún efecto jurídico concreto ni producen ningún perjuicio real.
“Sin embargo, tienen normas que pueden ser declaradas inconstitucionales, por lo que el Congreso debe blindar el proyecto presidencial "ante la eventual acometida proveniente de otro poder público", añadió.
En su turno, el investigador universitario Miguel Carbonell sostuvo que si bien las iniciativas pueden mejorarse son constitucionales, pues no comprometen la renta petrolera ni generan derechos sobre los hidrocarburos.
El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM indicó que la refinación de petróleo por parte de particulares no está prohibida por la Constitución y puede ser autorizada válidamente por el Congreso.
Además las propuestas presidenciales tienen un candado para que las empresas privadas no puedan hacerse de un beneficio obtenido del petróleo o sus residuos, y los pagos que reciban serán en efectivo, destacó.
Por su lado el ex legislador del PAN, Fauzi Hamdan, defendió la constitucionalidad de las iniciativas presidenciales y rechazó que impliquen la privatización de Pemex o la pérdida de la rectoría del Estado en la materia.
En el mismo foro el especialista Sergio García Ramírez consideró que si bien en la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo no se plantea una reforma a la carta magna sí tiene una relación estrecha con decisiones constitucionales.
Aseveró que esa propuesta reduce las áreas estratégicas a las que se refiere el Artículo 27 constitucional, ya que algunas actividades pasarían a otras manos y otros intereses "sociales o privados, nacionales o extranjeros".
El ex secretario del Trabajo planteó que si una ley secundaria corrige la normatividad suprema, en este caso la carta magna, quedaría en riesgo todo el orden constitucional.
Mientras tanto el investigador de la UNAM, Luis Javier Garrido, estimó que si se concreta la citada iniciativa se podría llevar a Petróleos Mexicanos (Pemex) "a un abismo".
El experto en Derecho Constitucional Raúl Carrancá opinó, en tanto, que la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la carta magna propuesta en la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo no cumple con lo previsto en la Constitución.
El profesor emérito de la UNAM subrayó que en el referido apartado de la Constitución está prohibido en la industria petrolera nacional la celebración de contratos u otorgamientos de concesiones a particulares.
Sin embargo, el Artículo 6 de la Ley Reglamentaria que propone el Ejecutivo señala que Pemex y sus organismos subsidiarios y filiales podrán celebrar contratos o conceder permiso a particulares.
