Telefónicas objetan registro de móviles
El Registro Nacional de Teléfonos Celulares aprobado por el Congreso para quitarle ‘armas’ a la delincuencia organizada cayó como balde de agua fría a los principales operadores de telefonía móvil, Telcel y Telefónica México, prefirieron no hacer comentarios en lo individual, sino a través de la Cámara que los agrupa.
La Canieti, (Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de la información) advirtió que el decreto aprobado por los legisladores mexicanos trae consigo diversos riesgos:
1.- Se propiciarán robos de celulares y en ocasiones, para evitar que se reporte el robo, el secuestro del dueño del celular, mientras se utiliza el celular para llevar a cabo un delito de mayor cuantía.
2.- Se aprovecharán celulares de otros países, de Centroamérica, de los Estados Unidos o incluso de países europeos o asiáticos para cometer delitos.
3.-Se utilizarán teléfonos públicos.
4.-Se podrán hacer llamadas a través de Internet aprovechando la tecnología IP
5.-Se falsificarán documentos.
El Congreso aprobó esta semana un registro obligatorio del nombre, dirección y huella dactilar del suscriptor de líneas de telefonía celular, tanto de prepago como de plan tarifario.
El registro incluirá los datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil y la ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, además de grabar tanto las llamadas como los mensajes y archivarlos durante un año.
Unos 10,000 mensajes de texto y 7,000 llamadas de telefonía celular relacionadas con el secuestro y la extorsión registró la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en todo el país durante 2008.
En agosto pasado la vocera de Telefónica México, Isabel Suárez, dijo que antes de aprobar un registro de celulares “se tiene que hacer un análisis de fondo, no es tan simple y mediático”.
Con esa medida el Gobierno pretende combatir delitos como extorsión, amenazas, secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún otro relacionado con el crimen organizado.
Necesaria una revisión
La Canieti solicitó a los legisladores revisar las disposiciones aprobadas debido a que:
1.- La huella digital requerida no tendrá contra que cotejarse en muchos casos ante la ausencia de un banco nacional de huellas,.
2.- Aún de existir un banco universal de huellas dactilares, se podrán reclutar extranjeros amparados en documentos falsos para obtener el registro.
3.- El titular del celular podrá ser responsabilizado de los delitos que se cometan al utilizar el celular robado.
4.- Se permite, sin formalidad alguna, que los Procuradores soliciten la información relacionada con las comunicaciones a través de celular y se permite que instancias diversas a la procuración de justicia la conserven y resguarden. Que las compañías telefónicas conserven y resguarden las comunicaciones privadas por un año, sin ser una autoridad, es una clara violación a la privacidad de las comunicaciones y a las garantías de seguridad y legalidad.
5.- Es imposible acreditar la autenticidad del comprobante de domicilio, existe una amplia posibilidad de que los usuarios no tengan un vínculo real respecto al domicilio que declaren o que su domicilio sea rentado o por cualesquier motivo no sean titulares del mismo.
6.-No es posible contar con la ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas en cada llamada. Dichos procesos sólo se realizan caso por caso.
Entregar los datos conservados a cualquier Procuraduría podría propiciar fuga de información.
7.- Se necesitan más de 72 horas para entregar la información solicitada por las autoridades.
8.- Se requieren al menos 180 días para implantar adecuadamente los sistemas y procesos respectivos en miles de puntos de distribución y venta, además de que se requieren instrumentar procesos y sistemas al interior de cada uno de los concesionarios de servicios de telecomunicaciones tanto en lo tecnológico como lo humano.
9.- En el caso de usuarios existentes se debe ampliar el plazo de uno a dos años para que los concesionarios cumplan las obligaciones de registro y control que manda el decreto en virtud de que se estima que a la fecha existen más de 72 millones de líneas telefónicas móviles, lo cual lo hace prácticamente imposible.
Diversos países como Argentina, Chile y España han intentado realizar un registro de teléfonos celulares, pero se han encontrado con dificultades para realizarlo.
El decreto aprobado por los legisladores está pendiente de la firma del presidente Felipe Calderón y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
