En búsqueda de la seguridad perdida

La nación está siendo puesta a prueba por el crimen organizado. La mal denominada "guerra"  iniciada al principio de este sexenio en contra de la delincuencia organizada especialmente contra el narcotráfico, ha entrado en una nueva dimensión. Estamos presenciando el aumento de las acciones violentas, y del escalamiento de su crueldad así como incremento desmedido  de sus víctimas. Ha corrido ya demasiada sangre, cerca de 13,000 muertos en treinta meses, como para que amerite que se revise la estrategia y se adopten las medidas pertinentes. En este ambiente convulsionado por muerte y violencia hacia ciudadanos ajenos a esta lucha, resulta imperiosa la necesidad del Gobierno -en sus tres ámbitos- de tener un plan de acción para hacer frente a este grave problema nacional, y no permanecer simplemente expectante o  actuando solamente de manera reactiva ante la escalada de violencia.

Respecto de la actual estrategia en el combate a la delincuencia organizada en la que el Ejército tiene un papel central, digamos a quienes apuestan a la desmemoria y recordemos que desde los años setentas -para no ir más lejos- el Ejército encabezó las acciones de persecución contra los narcotraficantes de la época, y las acciones de erradicación de plantíos de amapola y marihuana, tiempos aquellos en que México era productor y exportador para satisfacer la demanda emergente de los adictos norteamericanos.

Estamos presenciado en las calles de todo el territorio nacional el escalamiento de la violencia y en buena medida un repliegue de las fuerzas del Estado a sus cuarteles, donde son atacados, como ha sucedido últimamente en Michoacán. Hemos testimoniado como elementos del Ejército y de la policía son ejecutados a lo largo y ancho del territorio nacional. Aunado a los delincuentes muertos y ejecutados entre sí por las bandas rivales.

El escalamiento de la violencia es tal, que comienza a escucharse que por su naturaleza estamos presenciado una narco-insurgencia, esto es, que las acciones de los carteles de la droga, se asemejan a una guerra de guerrillas, la verdad insoslayable es que, por el tipo de armamento y acciones violentas, presenciamos una guerra de mediana intensidad en la que las fuerzas del Estado son confrontadas con igualdad en capacidad de fuego y de tecnología de combate, sincronización de los ataques y lucha por la posesión de territorios. La insolencia y arrogancia de los "narcos" de  plantear un pacto y lograr un acuerdo con el Gobierno debe rechazarse -como se hizo- de manera tajante y contundente. El Estado no pacta con trasgresores de la ley.

El Estado de Derecho, hoy como nunca está siendo puesto a prueba. También como nunca antes, se requieren las acciones firmes y enérgicas que el propio Estado debe ejercer para enfrentar al crimen organizado, resguardar el orden público y  garantizar la seguridad de la población. Esa y no otra es la responsabilidad primaria del Estado

A partir de aceptar esta realidad -una nueva dimensión- una guerra real, debe entregarse al Ejército el mando único de las fuerzas del Estado. Hasta ahora hemos visto cuatro columnas, la SEDENA, la PGR, la SSP y la Marina, sin  que se observe coordinación y más bien se aprecia rivalidad y desconfianza entre sí.

En la actual situación, no se trata de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública en abierta contravención de la Constitución que lo prohíbe expresamente, estamos en una situación de guerra real, enfrentamos un escenario de mantener la paz interior, lo que lo convierte en un asunto de Seguridad Nacional y legitima la intervención decida de las fuerzas armadas. 

Por otra parte, tenemos que reconocer que los policías y el Ejército, están cometiendo excesos en contra de la población, abusos que no tienen explicación ni justificación. Las autoridades de procuración de justicia, las policías y el Ejército deben comprometerse a realizar sus tareas contra el crimen con respeto de la dignidad humana de las personas, esencialmente con el respeto a la vida. Su misión ineludible es proteger a todos los ciudadanos con respeto irrestricto de sus derechos humanos. La violación de los derechos humanos no es excusable ni por "razones de Estado".

Es tiempo de replantear con seriedad la estrategia, se requiere modificar las acciones, deben persistir las destinadas a golpear la logística operativa de los carteles, pero simultáneamente se deben fortalecer las encaminadas a detener el flujo de armamento proveniente de los EU, incautarles el dinero que  blanquean en los sistemas financieros, exterminar la red de protección que les proporcionan, no sólo policías, sino también políticos, empresarios y comerciantes, y finalmente utilizar con mayor rigor el Sistema de Inteligencia. Se requiere poner orden  porque existen además del CISEN, unidades de inteligencia en el Ejército, la PGR, la SSP, la Marina, por no hablar de los de los gobernadores y de los privados. Los productos de inteligencia deben privilegiarse frente al enfrentamiento a balazos.   

No podemos permitir que la salida sea que se armen los ciudadanos, ni que funcionen grupos paramilitares como ejércitos privados; al Estado corresponde brindar seguridad en la vida y patrimonio de sus ciudadanos. La reflexión final, debe ser que la seguridad perdida debe retornar a todos los hogares de los mexicanos.

*La autora es doctora en Derecho por la UNAM y es profesora-investigadora en la EGAP del Tecnológico de Monterrey. Ha sido Jueza Penal y Magistrada Penal en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Fue Presidenta fundadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Asesora del Procurador General de la República, Fiscal Especial para el caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y  Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México.