Regresaré libre de toda culpa: ‘Napo’
Por medio de una video-conferencia transmitida desde Canadá, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia defendió su estancia legal en aquel país y negó que haya invertido dinero de ese gremio en la compra de propiedades. Aseguró que no ha solicitado asilo político al gobierno canadiense y que tampoco pretende obtener estatus de residencia en aquella nación, pues confió en que pronto regresará a México, libre de toda culpa.
En la video-conferencia que se difundió en la sede nacional del Sindicato Minero, Gómez Urrutia estableció que las autoridades migratorias de Canadá le otorgaron un permiso de trabajo que le permite vivir en aquel país de manera legal.
Explicó que a través de esa figura legal, él puede desempeñar desde cualquier parte del mundo el cargo de secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Napoleón Gómez negó categórico la supuesta compra de propiedades que en Canadá, como restaurantes o cafeterías, e incluso anunció que su hijo Ernesto y sus socios, aparentemente vinculados a esta operaciones, promoverán denuncias penales contra quienes difundieron esas informaciones.
Más adelante el dirigente minero confió en que la comisión creada en el Senado de la República para resolver el conflicto entre el gremio, el gobierno federal y el consorcio Grupo México, resolverá pronto las bases jurídicas para concluir este diferendo.
También exhortó a los diputados electos recientemente a que se involucren en la solución del conflicto, pues dijo que por "necedad" esa rama de la industria se ha visto severamente afectada, con la consecuente pérdida para los trabajadores y sus familias.
Napoleón Gómez se refirió también a los resultados que sus abogados en México, encabezados por Néstor de Buen y Marco Antonio del Toro, han obtenido en cuanto a los amparos y litigios penales que él y varios miembros de su comité ejecutivo enfrentan.
A su decir las últimas resoluciones de los tribunales han dejado claro que en el asunto del supuesto fraude cometido por la dirigencia del sindicato minero respecto a un fideicomiso de 55 millones de dólares, ha quedado claro que no hay delito qué perseguir.
