¿Qué puede pasar en Honduras?
Los líderes del Congreso de Honduras decidieron este martes pedir la opinión de la Corte Suprema sobre la posibilidad de restituir al derrocado presidente Manuel Zelaya, dilatando la convocatoria a una sesión clave para debatir el futuro del líder.
La decisión desafía un acuerdo alcanzado la semana pasada entre negociadores de Zelaya y el Gobierno de facto con la mediación de Washington, cuyo punto central es que el Congreso vote sobre la vuelta al poder del depuesto mandatario.
Zelaya dijo que, si para el jueves no era reinstaurado, la comunidad internacional desconocería las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, que apuntan a cerrar la peor crisis política en América Central en décadas.
El acuerdo también dispone la conformación esta semana de un Gobierno de unidad nacional, plazo que estaría en duda con la decisión de los líderes parlamentarios.
La Corte Suprema, cuya opinión no es vinculante para el Congreso según el pacto, dictaminó en el pasado que el golpe de Estado que derrocó a Zelaya a fines de junio fue legal, debido a que el mandatario derrocado habría violado la Constitución al querer forzar la reelección presidencial.
A continuación algunas preguntas y respuestas sobre la situación.
¿Qué acordaron las dos partes?
Las dos partes acordaron dejar en manos del Congreso unicameral de Honduras la decisión de restituir o no a Zelaya, para que cumpla los pocos meses que le quedan a su mandato.
La mayoría de puntos del acuerdo se basa en una propuesta previa del presidente Oscar Arias de Costa Rica. El pacto crea un Gobierno de unidad nacional, que debería formarse el 5 de noviembre, e invita a observadores internacionales a garantizar elecciones libres y soberanas y a crear una comisión de la verdad para investigar los eventos de los últimos meses.
En el acuerdo se pide a los gobiernos del mundo revertir medidas punitivas, como la suspensión de visas humanitarias y de viaje, que se aplicaron para presionar a los líderes golpistas.
¿Qué sucede ahora?
La Corte Suprema ordenó a las fuerzas armadas sacar a Zelaya del poder en junio y el Congreso designó a Micheletti como presidente de facto.
Zelaya fue separado del poder tras organizar una votación para apoyar un cambio a la Constitución y permitir la criticada reelección presidencial, cargo que él rechaza.
La política de Zelaya dividió a su partido, el Liberal, a raíz de su cercanía con el presidente socialista de Venezuela, Hugo Chávez. Micheletti representa a la línea conservadora más dura del Partido Liberal.
El opositor Partido Nacional lidera las encuestas y tendrá el poder político para decidir si vuelve al poder el aún popular Zelaya y ganar el aprecio de la comunidad internacional.
¿Qué pasa si el Congreso aprueba la restitución de Zelaya?
Si el Congreso aprueba el retorno de Zelaya, será la mayor victoria diplomática del presidente estadounidense Barack Obama, quien trata de mejorar sus relaciones con América Latina.
En Washington, la solución a la crisis de Honduras podría destrabar la confirmación en el Senado estadounidense de asuntos claves en América Latina para la administración de Obama y que son bloqueados por republicanos que se oponen del apoyo a Zelaya.
El retorno de Zelaya al poder permitirá que la ayuda internacional vuelva a llegar al empobrecido exportador de café y abrirá las puertas para que observadores internacionales acudan a las elecciones presidenciales de noviembre e impriman al Gobierno electo una muy necesaria legitimidad.
Zelaya retornaría al sillón presidencial con poderes limitados, desde que el acuerdo lo obliga a gobernar en alianza con sus rivales y la ley de elecciones otorga el control del Ejército al tribunal electoral.
¿Qué pasa si el Congreso no apoya el retorno de Zelaya?
Si el Congreso no ratifica el más importante de los puntos del acuerdo, se podría considerar como un fracaso no sólo de Estados Unidos sino de gobiernos regionales como el de Brasil, que tomó partido en la crisis al permitir que el derrocado mandatario se aloje en su embajada desde que retornó clandestinamente al país el mes pasado.
El reconocimiento internacional a los resultados de las elecciones quedaría en duda y las protestas a favor de Zelaya se agudizarían. En respuesta, las fuerzas de seguridad, que han utilizado gas lacrimógeno y balas de goma para enfrentar a los manifestantes, podrían retomar los controles.
Grupos de derechos humanos han documentado abusos por parte del Gobierno de facto, incluyendo muertes, y criticaron con fuerza la decisión de Micheletti de limitar las libertades civiles y sacar del aire a los medios de comunicación de la oposición el mes pasado.
