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Cómo evitar empleados corruptos

Las evaluaciones de honestidad ayudan a prevenir la contratación de un colaborador propenso a participar en actos de corrupción.
mar 29 mayo 2018 06:00 AM
Riesgo.
Riesgo. En México, las evaluaciones de honestidad son utilizadas por alrededor de 4,000 empresas, según datos de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento. (Foto: alphaspirit/Getty Images/iStockphoto)

Puede que se lleve dinero de la caja chica, quizá soborne o robe material y hasta estrategias de la empresa. Esto define a un empleado deshonesto. Y, según la consultora PWC, en su informe ‘Delitos Económicos en México 2018’, 63% de los directores reconoce como responsable de defraudar a la compañía al propio colaborador interno.

“Lo grave es que los delitos se están racionalizando, es decir, el empleado justifica su actuar por algo experimentado en el trabajo, una mala relación, cumplir con un objetivo impuesto por el jefe o un salario considerado menor, entre otros escenarios”, explica Fernando Senties, fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC) y director de AMITAI, empresa enfocada en asesoría de ética empresarial.

Las empresas empiezan a darle valor a la prevención y una herramienta para ello son las evaluaciones de honestidad e integridad. En México las utilizan alrededor de 4,000 organizaciones, de acuerdo con estimaciones de Senties. Un test de este tipo ayuda a Recursos Humanos a medir la tendencia del candidato a ser parte de actos deshonestos, con el fin de obtener un grado de riesgo al contratar a esa persona.

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Esta herramienta incluye un cuestionario de entre 50 y 100 preguntas, que los candidatos deben responder en aproximadamente 20 minutos. Algunas empresas los aplican también a quienes ya están contratados. Los reactivos están enfocados a conocer la percepción del posible empleado sobre ética, integridad y deshonestidad. Y se ajustan al tipo de puesto e industria. Entre las preguntas se encuentran, por ejemplo, alguna relativa a los motivos por los que una persona robaría. La intención es ubicar si el candidato se involucraría y cómo en cierto escenario de delito.

Con esas respuestas se hace una valoración estadística para definir el grado de riesgo en el candidato, medida que ha ayudado a detectar que la ejecución de un fraude puede frenarse entre 70 y 90% de las veces, no sólo porque alerta a la empresa sobre una mala contratación, sino porque esa misma herramienta puede emplearse en colaboradores contratados para valorar si -años después de contratados- serían propensos a involucrarse en un acto corrupto, menciona Senties.

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MÁS VALE PREVENIR

Las cadenas de tiendas de autoservicio, departamentales y bancos, así como los sectores de transporte, seguridad y el aeroespacial se encuentran entre los más proactivos en utilizar esta herramienta, por ser más susceptibles a los robos. Pero con casi cinco millones registradas por el Inegi y escenarios cada vez más sofisticados de corrupción, la incorporación de una evaluación tiene áreas de oportunidad. Aun con eso, esta herramienta es poco utilizada en México. “Muchas organizaciones son reactivas y actúan hasta que el acto se presenta”, reconoce Max Kaiser, director anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La mayor parte de las empresas no están acostumbradas a incorporar y trasparentar las herramientas utilizadas, para garantizar que no atraerán a un candidato que ponga en riesgo al negocio. “México viene de esquemas donde, si hay un acto de deshonesto fuerte, el director suele decir 'no fui yo', 'fue el despacho externo', 'el proveedor con el que trabajo', 'un empleado enojado'”, ejemplifica Kaiser.

El director en el IMCO detalla que la propia organización hace caso omiso de las evaluaciones si algún acto ilícito le benefició en su rentabilidad, sin considerar el impacto negativo que este tipo de escenarios le genera.

No prever un escenario de corrupción desde la contratación cuesta, desde daño reputacional, hasta perdidas económicas. “Por un robo, por ejemplo, el impacto es hasta cinco veces mayor que la cantidad extraída por cuestión de averiguación, reemplazo del personal, daño en la imagen corporativa y otro tipo de elementos”, menciona Senties.

Una escenario que podría estar empujando el uso de las evaluaciones de honestidad es el establecimiento en 2017 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, emitida por el Sistema Nacional Anticorrupción, que establece como parte de la política de integridad de una empresa contar con “políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación”.

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Hernán García González, vicepresidente de Talento y Cultura en el Tecnológico de Monterrey, menciona que las evaluaciones son una herramienta complementaria, pero advierte que la detección de un mal elemento comienza desde los procesos de selección, en la entrevista. “Cuando un candidato miente en los datos referidos, ese escenario debería alertar a la empresa sobre la conveniencia o no de seguir un proceso. Otra llamada de atención es cuando la persona no da muestra de que puede alinearse con los valores de la empresa", afirma.

El desafío no se centra sólo en transparentar el tipo de evaluación, sino en hacer que todos, sin distinción de puestos, se sometan a la prueba al ser considerados para una posición, o asuman una consecuencia si comenten un acto de corrupción. “Es común ver en las organizaciones escenarios donde se atrae a un persona con antecedentes poco éticos, que no pasa entrevistas por considerar que su actuación y la jerarquía de su puesto ayudará, en cierta medida, al negocio”, precisa el VP en el Tec de Monterrey.

ESCUDO CONTRA LA CORRUPCIÓN

- 63% de los fraudes en las empresas son cometidos por empleados.

- 32% son cometidos por colaboradores externos (proveedores, despachos).

- 41% incrementó el último año la inversión en prevención de las empresas.

- 87% de las compañías en México afirma contar con un programa de ética, pero solo 49% realizó una evaluación de riesgos en los últimos 24 meses en su empresa.

Fuente: Delitos Económicos en México 2018, Deloitte.

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