Agricultores EU dependen de inmigrantes

Las granjas de Randy Scarbor y Bill Brim en el sur de Georgia están a pocos kilómetros de distancia entre sí, pero son operaciones completamente diferentes.

Scarbor cultiva unas 142 hectáreas de melones, algunos tomates y batatas. Brim es copropietario de una de las operaciones agrícolas más grandes del estado, y las 1,620 hectáreas de Lewis Taylor Farms producen vegetales por millones de dólares.

En un sentido, sin embargo, son idénticas. Ambas han dependido de la mano de obra inmigrante desde fines de los años 90. Y ambas temen que las ofensivas locales _y la falta de una reforma inmigratoria federal_ les dificulten encontrar los trabajadores que necesitan.

''Los únicos que podemos conseguir para que hagan el trabajo son mexicanos'', dijo Scarbor. ''Si lográsemos que nuestros políticos comprendiesen que no se consigue la gente promedio de la ciudad para trabajar en el campo, se arreglaría este embrollo''.

Enfrentados con una escasez de trabajadores inmigrantes, los granjeros desde la Florida hasta California han gestionado ante el Congreso que modifique el sistema para su contratación. El comisionado de agricultura de Georgia, Tommy Irving, el de mayor antigüedad en ese cargo en la nación, se sumó al coro calificando de ''vital'' para la agricultura el proyecto que finalmente no prosperó.

Los agricultores sostienen que el sistema actual es demasiado costoso e ineficiente, y dicen que los cultivos se están pudriendo en los campos mientras que los trabajadores que siguen el trámite legal están en el exterior esperando eternamente por sus visas.

Los empleadores agrícolas deben conseguir visas H-2A cada temporada para los trabajadores inmigrantes. El proceso toma por lo menos un mes y requiere que los agricultores demuestren que no hay trabajadores estadounidenses disponibles, que suministren vivienda y transporte gratis para los trabajadores, y que les paguen el salario prevaleciente, que en Georgia es de unos 8.50 dólares la hora.

En una mañana reciente en la granja de Brim, Francisco Mejida, de 32 años, supervisaba una cuadrilla de unos 50 inmigrantes que empacaban berenjenas. Ha ido a Tifton desde Tamaulipas, México, durante diez meses cada año desde 1998 con una visa H-2A.

Dijo que a menudo aconseja a los inmigrantes que están aquí ilegalmente inscribirse en el programa. ''Es mejor para ellos, y luego pueden estar aquí como personas normales'', afirmó.

Pero los pequeños agricultores como Scarbor dicen que no pueden pagar las cuotas del programa, que cuestan hasta cientos de dólares por solicitud. Aun los granjeros grandes como Brim, que dicen haber usado el programa desde 1998 para contratar unos 600 trabajadores cada año, afirman que es demasiado engorroso.

''No podríamos funcionar sin trabajadores inmigrantes'', dijo Brim. ''Uno no quiere poner de 5 a 6 millones de dólares en el suelo y no poder recogerlos''.

Las redadas contra los trabajadores inmigrantes y las leyes de inmigración más estrictas también están dificultando encontrar las cuadrillas de trabajadores, y los agricultores dicen que nadie puede reemplazarlas. La nueva ley de Georgia requiere que los funcionarios estatales verifiquen que los adultos que buscan beneficios estatales estén legalmente en el país. Y también requiere que los empleadores públicos usen un programa federal de certificación laboral para controlar si todos sus nuevos contratados están legalmente en Estados Unidos.

La Federación Estadounidense Agrícola (American Farm Bureau Federation) calcula que por lo menos la mitad del millón de trabajadores agrícolas son ilegales. Perderlos junto con los legales sería ''enormemente perturbador'' para una industria que produce unos 9,000 millones de dólares anuales en frutas y verduras, los cultivos más dependientes de los trabajadores migrantes.

''Es un problema agudo'', dijo Paul Schlegel, director de política pública en la federación. ''Nuestra inquietud es que haya un desplome en el tercer trimestre. El panorama no es promisorio''.

Algunos grupos que propugnan el control de los inmigrantes sostienen que por cada trabajador ilegal hay un estadounidense desempleado que podría haber tomado el trabajo.

''Dado el número muy elevado de la población desempleada en Georgia, reemplazar a los trabajadores ilegales parecería muy posible'', afirmó en una declaración Steven Camarota, del Centro de Estudios de Inmigración (Center for Immigration Studies). ''Siempre y cuando reciban la paga y el trato adecuados''.

Pero los agricultores dicen que no encuentran trabajadores estadounidenses dispuestos y capaces.

En el Valle Imperial de California, que suministra un 90% de los vegetales de invierno como la espinaca, algunos están tan hartos que están trasladando sus operaciones a México, dijo Ayron Moiola, directora ejecutiva de la Asociación de Cultivadores de Vegetales del Valle Imperial (Imperial Valley Vegetable Growers Association).

''Vamos a los lugares de desempleo, ofrecemos trabajos que están bien por sobre el salario mínimo... y no podemos conseguir gente que venga a trabajar a los campos'', se lamentó.