Europa recuperará el vapor de gasolinas
La Comisión Europea (CE) quiere obligar a las gasolineras a instalar equipos que permitan recuperar el 85% de los vapores de gasolina que se emiten a la atmósfera durante la carga de los autos.
Con esta medida, el Ejecutivo europeo espera reducir la contaminación atmosférica y los daños a la salud humana, ya que esos vapores contienen benceno, un conocido carcinógeno que además contribuye a la formación de ozono troposférico, uno de los contaminantes más nocivos.
La idea del Ejecutivo es adoptar una directiva que obligaría a las estaciones de servicio nuevas o que hayan sido considerablemente renovadas y posean un caudal superior a 500 m3 de gasolina al año, a instalar tecnologías de fase II de recuperación de vapores de gasolina (RVG) en los surtidores.
Ese sistema es capaz de capturar los vapores de gasolina que se forman en los depósitos de los automóviles por encima de la gasolina líquida y que escapan a la atmósfera cuando se llena el depósito.
El vapor capturado es transferido a un depósito de almacenamiento subterráneo de la estación de servicio o devuelto directamente al surtidor de gasolina.
Todas las estaciones de servicio situadas en viviendas o debajo de éstas también deberán instalar esa tecnología, independientemente de su tamaño.
Cerca de la mitad de los países europeos ya disponen de gasolineras con tecnologías de fase II de RVG y las estaciones ya existentes con un caudal superior a los 3,000 mil m3 al año tienen hasta 2020 para aplicarlas.
"Esta propuesta mejorará la salud de los ciudadanos europeos. Contribuirá a elevar el nivel de calidad del aire al limitar las emisiones de dos contaminantes nocivos", defendió el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas.
La exposición humana al ozono ocasiona irritación del sistema respiratorio, inflamación de los pulmones y, en casos agudos que afectan a las personas más vulnerables, puede llegar a provocar la muerte.
La propuesta ahora tiene que ser aprobada por el Consejo y Parlamento europeos, antes de ser sometida al visto bueno de los gobiernos de los 27.
El Ejecutivo no dispone aún de cálculos sobre los costes que la adaptación implicaría para las estaciones de servicio.
