El alto costo de los rescates mexicanos
Como negocio, La Jalisciense ha tenido que pedir dinero prestado sólo en una ocasión en sus 80 años de vida. Fue en 1987, cuando la inflación se fijó en 150% y un viaje en taxi costaba 80,000 pesos, recuerda Alberto López Ávila, administrador actual y sobrino del fundador.
Dedicado a la molienda y venta de semillas, es el negocio más resistente a las crisis en los alrededores del mercado Juárez, en la Ciudad de México. Los propietarios explican la longevidad empresarial por su clientela: la clase media, leal a su proveedor. También a que cuando han debido recurrir a préstamos, se financian entre familiares y amigos "y no con los bancos".
La Jalisciense ha atestiguado diversas crisis económicas. La más letal en 1995, cuando los negocios vecinos cerraron sus cortinas para siempre, ante la devaluación del peso de 130% ante el dólar en sólo tres meses y el incremento de 160% en las tasas de interés.
Ni esas microempresas ni su clientela pudieron aguantar el paso a las crecientes deudas derivadas de los préstamos para automóviles, casas y con tarjetas de crédito.
Días de asombro
Lo que para la mayoría de los negocios en México fueron días de supervivencia, para las máximas figuras del mundo económico fueron de asombro. El 30 de diciembre de 1994, Alan Greenspan, el entonces poderoso presidente de la Reserva Federal, reconocía ante el Comité de Mercados Abiertos que la situación en México era más inestable de lo que había anticipado -meses después el gobierno de EU concedería a México un crédito por 25,000 millones de dólares (MDD) para solventar la crisis de pagos.
En 1995, el PIB de México cayó 6.9% sobre la base de 1980. Y esta vez, a diferencia de 1982, en la crisis de 1995 el gobierno no era el único endeudado. Los vencimientos en bonos del gobierno (Tesobonos) ascendían a 29,000 MDD, además indexados al tipo de cambio. Los bancos necesitaban refinanciar deuda con el exterior por más de 20,000 MDD.
Tras un periodo de sobreoferta de crédito, los consumidores también enfrentaban problemas para pagar sus créditos; en el curso de 1995 la cartera vencida se disparó de 8% -el doble de los estándares internacionales- a 19%, lo que condujo a que el índice de capitalización de los bancos cayera abajo de 8%.
Ante el desbordamiento de la crisis, el gobierno llevó a cabo un rescate histórico de 14.7 millones de cuentas de créditos por más 1.3 billones de pesos de diciembre de 2004, acorde con un informe de ese año de la Auditoría Fiscal de la Federación; los créditos habían sido otorgados por 25 de los 36 bancos que componían el sistema financiero, a empresas industriales y agrícolas, gobiernos estatales, municipales y entidades públicas y a clientes en lo individual.
A la vez que sorprendió al mundo y destruyó el patrimonio de millones de mexicanos, la crisis de 1994-95 deterioró la imagen pública de actores clave y frustró trayectorias. Valgan dos menciones: el representante patronal Antonio Sánchez Díaz de Rivera perdió la presidencia del máximo organismo de la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial, y marcó su retiro de las cúpulas empresariales, al negarse a firmar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE) del presidente Ernesto Zedillo y avalado el 3 de enero de 1995 por líderes empresariales y sindicales; ahora diputado federal, Sánchez Díaz de Rivera reclamaba la reducción del Impuesto Sobre la Renta y el aumento del IVA como medida para aminorar la crisis.
José Madariaga Lomelín, quien fuera accionista mayoritario de Banco Mercantil Probursa a la vez que presidente de la Asociación de Bancos de México, terminó por vender su banco a los españoles de BBVA y dejó de figurar en el primer círculo de los hombres de negocios. "Perdimos todo, el banco llegó a valer cero, como todos los bancos", recuerda.
Corazones rotos
El impacto en los meses y años posteriores rebasó el ámbito económico, y minó la confianza de la población en los líderes políticos y empresariales.
"En lo personal fue entrar en el escenario del fracaso, en el que nadie quiere estar nunca", dice Madariaga Lomelín, quien recuerda que a más de uno de sus colegas los enfermó la tensión vivida durante esas jornadas ingratas.
Reconoce su propio descalabro emocional cuando tuvo que dejar la batuta de Probursa, comunicar la noticia a su familia y ajustarse a un nuevo estilo de vida.
Después de tener la última palabra en su banco, Mercantil Probursa, tuvo que hacerse a la idea de soltar el control y la dirección general, pues no disponía de los 400 MDP que se requerían en aumento de capital para mantener el banco en operación. Como cualquier persona, cuando los activos pierden valor y las deudas crecen, el banquero tiene un descalabro emocional, indica, y tiene que decirle a su familia que ya no puede mantener el ritmo de vida llevado hasta ese momento, que hay que recortar gastos, eliminar viajes y que algunos de los integrantes deberán buscar trabajo.
La vena emprendedora lo sacó adelante. Hoy controla un puñado de empresas, como una administradora de fondos de inversión, escuelas de educación media y básica, renta de servicios ERP para pyme y es socio de Hildebrando (firma envuelta en polémicas durante la campaña presidencial de 2006 al conocerse que tenía contratos con el gobierno pese a que su director, Diego Zavala, es integrante del PAN y cuñado del presidente de la República, Felipe Calderón).
"Vendimos la división que le trabajaba al gobierno, ahora sólo trabajamos con privados, en AL y España", explica Madariaga, quien participa en 15 consejos de administración de empresas pequeñas y medianas. Por cierto, se jubiló de Bancomer en 2003.
El polémico Fobaproa también tiene un defensor en Madariaga. No es que no haya habido ninguna operación mala en el programa, señala, pero 98 o 99% estaban perfectamente justificadas. A 14 años de distancia, el ex banquero todavía trata de despejar dudas en México en torno a la venta de su banco. Exhibe un documento emitido en 2005 por la Audiencia Nacional española que llevó a ese tribunal a archivar el caso, y en el que afirma no haber encontrado elementos para incriminarlo en el delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico -acusación presentada en 2002 por un ex ejecutivo de BBVA en Puerto Rico, país a través del cual el banco español canalizó los recursos para la compra de acciones de Mercantil Probursa.
Pero no todos los protagonistas de esa obra tienen la misma percepción en lo referente a los rescates derivados de la crisis de 1995.
A pesar de los programas de salvamento, la cooperación entre la Federación y el sector privado sufrió fracturas. El desprestigio del gobierno federal fortaleció al entonces oponente PAN, dice Sánchez Díaz de Rivera, ex representante de la cúpula empresarial. Aún hay cierta amargura en sus palabras al recordar diciembre de 1994.
La información obtenida en la reunión de emergencia del Pacto para el Bienestar y el Crecimiento Económico (PABEC) con el secretario de Hacienda Jaime Serra Puche -en la que se acordó elevar 53 centavos el límite superior de deslizamiento del peso, lo que equivalía a una devaluación de 13.89%, para sumar 28.8% en el curso de 1994- fue utilizada por "mucha gente del sector empresarial" para comprar dólares y salvar sus negocios, acusa quien en ese momento era presidente de la Coparmex.
Recuerda, asimismo, las llamadas de funcionarios y de otros líderes empresariales que lo presionaban para que firmara el AUSEE, como harían dos o tres camaradas suyos (entre ellos, el presidente de la Canacintra, Víctor Manuel Terrones) que a pesar de haberse "rasgado las vestiduras" en las reuniones con los secretarios de Estado, ante el presidente Zedillo firmaron el acuerdo.
Sánchez Díaz de Rivera contempló la firma del acuerdo a través de una pantalla de televisión, comenta, en compañía de Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda con Pinochet en los años 80 y ex candidato presidencial chileno. Al no ser elegido presidente del CCE, pese a que "ya estaba platicado", el ex empresario textil viró su carrera hacia la actividad política. Fundó primero la asociación civil Coordinadora Ciudadana, a la que se vincula con círculos de extrema derecha del PAN, fue subsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Vicente Fox y desde 2006 es diputado federal.
Provocada por autoridades del gobierno, la crisis de 1995 se pagó con dinero público y prestigio privado.
| SALVAVIDAS EN LAS CARRETERAS Los salvamentos no terminaron en 1995, ni fue el sistema financiero el único rescatado. A mediados de 1997, funcionarios de Hacienda, Comunicaciones y Transportes y Banobras sostenían maratónicas reuniones con los bancos para definir el esquema mediante el cual el gobierno asumiría el control de 23 de las 52 carreteras concesionadas poco tiempo atrás a constructoras privadas. Eran las horas previas al decreto para crear el Programa de Rescate Carretero, emitido por Ernesto Zedillo el 27 de agosto de 1997. Un participante en esas reuniones fue José Luis García Cantú, subdirector fiduciario de Banobras, quien tuvo a su cargo el armado del paquete de rescate y, una vez tomados los proyectos, la negociación con bancos de los montos a pagar, con base en dictámenes de peritos de la Contraloría General de la Federación (hoy Secretaría de la Función Pública). "Nos buscaron cuatro días antes de salir el decreto para avisarnos lo que venía, (y había que) armar y diseñar el esquema, crear un fideicomiso, pedir autorizaciones a la procuraduría fiscal y establecer la normatividad", recuerda García Cantú, hoy consultor independiente. Las constructoras se habían endeudado en dólares para participar en el plan carretero de Carlos Salinas de Gortari: construir 5,000 kilómetros y generalizar la figura de la concesión que implica el cobro por uso de las carreteras. Sólo que los proyectos financiados son más sensibles a las alzas en tasas que a la baja demanda, dice García Cantú, y algunos que pagaban tasas de 20% de pronto se les elevó a 80%, sin poder aumentar las cuotas pues la crisis económica había reducido el aforo. El gobierno federal decidió asumir la deuda bancaria de las constructoras por 36,646 millones de pesos (mdp) en 1997, así como cuentas por pagar de los proyectos por 21 mdp. En opinión de García Cantú, la idea que se quedó en la opinión pública -que el gobierno comprometió los impuestos presentes y futuros para salvar a los constructores- es un malentendido. La inversión que las empresas aportaban para cada proyecto, que se fijaba en el momento de otorgar la concesión, no fue sujeto de rescate, sólo el financiamiento que habían requerido. Por cierto, en 2002, la deuda pública generada por el programa había aumentado 185%, es decir, a 165,000 mdp, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y todavía faltaban por indemnizar un libramiento en Querétaro y un tramo carretero en Sonora.
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