Poca certeza jurídica limita inversiones
La falta de certeza jurídica en México, sobre todo en la ejecución de contratos mercantiles por la vía judicial, es el principal obstáculo en las inversiones y la penetración del crédito.
El director interino del centro de la OCDE en México para América Latina, José Antonio Ardavín, refirió que un ejemplo es el costo para el cumplimiento de los contratos mercantiles por la vía judicial respecto al monto de la deuda total.
Mientras en México asciende a 32%, en países como China es de 8.0, de 9.0 en Estados Unidos y 15% en España, Argentina y Brasil; en tanto que la media en naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es de 17%.
Otro ejemplo es que mientras en México el crédito respecto al PIB del país es del 20%, en Chile o India asciende a 80%, expuso durante la presentación del estudio "Ejecución de Contratos Mercantiles de Hipotecas en las entidades federativas; Indicadores de Confiabilidad y Desarrollo Institucional Local".
Ahí, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Ignacio Deschamps sostuvo que es fundamental tener un Estado de derecho, más aún en la ejecución de contratos, pues de ello deriva la colocación del crédito y su costo.
Detalló que el objetivo del estudio es disponer de un diagnostico comparativo de confiabilidad de instituciones locales relacionadas con la ejecución judicial de contratos, a fin de mejorar las decisiones de canalización e crédito inversión.
Conforme al estudio, explicó, existe una probada correlación entre el desarrollo económico y la calidad de los procedimientos judiciales.
"Estos pueden ser determinantes en la percepción de riesgo y, en última instancia, en las decisiones de los agentes económicos. No es casual que las naciones con mayor desarrollo sean aquellas donde está en claro que son efectivos los derechos de propiedad, donde la administración de justicia es eficiente".
De ahí que de la protección que se brinde a los derechos de propiedad depende el nivel de actividad económica, el de inversión, el flujo o escasez de crédito y el nivel de tasas de interés.
A su vez, el director de Gaxiola y Asociados y también director de la Escuela Libre de Derecho, Jorge Gaxiola, subrayó que México podría ser el único en presentar problemas para la ejecución de contratos, luego que en otras naciones la sentencia se cumple.
En otros países la ejecución de la sentencia lleva de una semana a un mes y medio, cuando mucho; en México, en caso de que pueda realizarse, toma un periodo de seis meses hasta 10 años.
De acuerdo con el estudio de Gaxiola y Asociados, en la mayor parte de las entidades federativas del país se percibe influencia del Ejecutivo local en la función judicial, insuficiencia en el número de juzgados y falta de capacitación de actuarios, aunque hay mejora en la duración de los procedimientos mercantiles e hipotecarios y la calidad de las instituciones judiciales locales.
Con base en la evaluación de Moody´s, que también participó en el estudio, la mejor eficiencia se encontró en Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Guanajuato, Sinaloa, San Luis Potosí, Nuevo León Y Colima.
Las entidades con las peores condiciones en este rubro fueron Chihuahua, Campeche, Veracruz, Nayarit, Yucatán, Zacatecas, Michoacán y el Distrito Federal.
En calidad institucional, los mejor evaluados fueron Guanajuato, Tabasco, México, Sinaloa, Michoacán, Sonora, Nayarit y Coahuila.
En contraste, las peores evaluaciones correspondieron a Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Aguascalientes, Tlaxcala, Jalisco, Morelos y Campeche.
Por la duración de los procesos mercantiles, se observó una ejecución más rápida en Campeche, Guerrero, Nuevo León, México, Nayarit, Zacatecas, Tabasco y Sinaloa; lo que no ocurre en Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Yucatán, Morelos, Quintana Roo, Colima y Jalisco.
