La reforma financiera avanza en EU
La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó este viernes los mayores cambios en la regulación financiera desde la Gran Depresión, en lo que fue una victoria para el Gobierno del presidente Barack Obama.
Con el Senado listo para debatir reformas similares el próximo año, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que había sido cuestionado y discutido desde que la crisis bancaria y de los mercados de capital que estalló el año pasado convenció a los demócratas de la urgente necesidad de una reforma.
El proyecto crearía un consejo entre agencias para vigilar el riesgo sistémico en la economía, aplicar duras medidas contra los fondos de cobertura y agencias calificadoras de crédito, crear una agencia de protección al consumidor financiero y expone a la política monetaria de la Reserva Federal a un escrutinio legislativo sin precedentes, entre otras reformas.
Los republicanos y grupos de presión de bancos y firmas de Wall Street -cuyas ganancias podrían verse afectadas por las reformas- lucharon por meses para debilitar y postergar el proyecto, argumentando que es una intrusión innecesaria y costosa en los negocios.
La batalla continuará por meses en el Senado, que se espera presente una legislación más modesta.
Una vez que los proyectos separados pasen por la Cámara baja y el Senado, las cámaras tendrían que acordar un proyecto legislativo común que pueda ser convertido en ley por Obama.
En una victoria para la industria bancaria, la Cámara votó para rechazar una medida que le habría permitido a los jueces cambiar los términos de las hipotecas para propietarios atribulados.
En otra votación, los demócratas vencieron un intento de debilitar una cláusula clave del proyecto de reforma -la creación de una Agencia de Protección Financiera al Consumidor (CFPA, por sus siglas en inglés).
Previamente este viernes la Cámara baja rechazó una enmienda que requeriría que las corporaciones pequeñas con capitalización de mercado de menos de 75 millones recibiera revisiones externas de sus controles financieros internos bajo regulaciones aprobadas tras la caída de Enron.
La enmienda se refería a ciertas auditorías bajo las leyes Sarbanes-Oxley del 2002.
Además de la regulación de riesgo sistémico, el proyecto le daría al Gobierno nuevos poderes sobre los grandes bancos y fijaría nuevos protocolos para lidiar con grandes firmas "demasiado grandes para quebrar", que tengan problemas.
La iniciativa impondría además nuevos frenos en las remuneraciones a ejecutivos, fortalecería las protecciones para los inversores y, por primera vez, implementaría una oficina para monitorear a la industria de seguros.
