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Más ojos sobre Wall Street

Una propuesta demócrata pide la creación de un órgano que defienda al consumidor ante colapsos; el borrador, presentado el lunes pasado al Senado de EU, busca mayor regulación a los bancos.
mar 16 marzo 2010 12:42 PM
Dodd pide mayor transparencia a las agencias calificadoras, y hacerlas responsables ante tribunales si son imprudentes. (Foto: AP)
dodd-consumidor-agencia-eu-senado-proteccion (Foto: AP)

El presidente del Comité Bancario del Senado estadounidense, el demócrata Christopher Dodd , presentó el lunes un anteproyecto para la reforma financiera que contempla cambios radicales en la regulación dirigidos a prevenir futuros colapsos en el sistema financiero.

El proyecto propone la creación de un nuevo órgano de defensa de los consumidores para asegurarse de que los clientes obtengan acuerdos justos en hipotecas y tarjetas de crédito. También presionará a bancos y entidades financieras para que fortalezcan sus ‘colchones' de capital, y creará un nuevo proceso para desmantelar empresas fallidas y evitar futuros rescates.

Asimismo, el borrador incluye una versión de la polémica ley Volcker , que pretende prohibir a las firmas financieras poseer fondos hedge, u operar por cuenta propia en los mercados.

El tiempo apremia: Dodd quiere que el Comité Bancario discuta la ley la semana entrante y vote antes del próximo receso legislativo, que comenzará el 29 de marzo. Quiere asegurarse que la reforma se acuerde antes de las elecciones intermedias en Estados Unidos de finales de mayo, pues éstas pueden dificultar un convenio final.

Los republicanos, por su parte, han criticado las prisas de Dodd y la extensa ley, contenida en 1,300 páginas. "Obligar al Comité Bancario a votar esta propuesta en una semana es irreal y socava el potencial de un acuerdo bipartidista" dijo el senador Richard Shelby.

Entretanto, la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y varios senadores demócratas del Comité Bancario han apoyado la iniciativa.

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Protección al consumidor: se propone crear una agencia que dé protección financiera al comprador incorporada a la Reserva Federal (Fed). Estará presidida por un director nombrado por el presidente y confirmado por el Senado. Una de sus funciones será examinar y reforzar los derechos del consumidor en bancos y uniones de crédito con más de 10,000 millones de dólares (mdd) en activos.

No más colapsos: la ley busca impedir que las grandes firmas financieras colapsen mediante procedimientos especiales de bancarrota, permitiéndoles bajar el ritmo de sus operaciones de una forma más rápida que la vigente.

Estipula que las grandes firmas paguen un impuesto para crear un fondo de 50,000 mdd, que será usado para apoyar a bancos y entidades que necesiten mayor ayuda a la proporcionada por el sistema de bancarrota.

Supervisión a bancos: la Fed supervisará únicamente a los grandes bancos con más de 50,000 mdd en activos. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos tendrá autoridad para regular a las entidades más pequeñas. Dodd sugiere que estas dos agencias reguladoras pueden fusionarse, de forma que haya más ojos vigilando los ahorros, así como los préstamos e hipotecas de los acreedores.

Sistema de alerta: el Senado, como la Casa Blanca, desea crear un consejo consultor de reguladores, constituido por nueve miembros, capaz de hacer sonar la alarma antes de que las compañías estén en posición de causar una crisis financiera. Pero Dodd quiere que el secretario del Tesoro dirija este consejo supervisor, mientras que la Casa Blanca quiere que sea la Reserva Federal.

Derivados: para evitar futuros colapsos como el de AIG , el Senado intentará hacer distinciones entre los complejos productos financieros. Algunos derivados pasarán a cámaras de compensación o clearinghouses que ayudarán a establecer el valor de dichas transacciones. Otros seguirán sin regulación, pero aún no se determina cuáles.

Por último, la propuesta propone que el presidente de la Fed de Nueva York sea designado por el presidente y sea miembro permanente del Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar las tasas de interés. También exige que las agencias calificadoras de valores transparenten sus metodologías y las hace responsables ante tribunales si son imprudentes e ignoran análisis externos independientes.

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