Gasto corriente no se disparó: Hacienda
Es falso que se haya "disparado" el gasto corriente y los servicios personales en la administración pública, ya que la evidencia demuestra lo contrario, sostuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Desde hace varios años, refirió, la Federación lleva a cabo medidas para racionalizar y controlar este rubro, como las metas de 20% de reducción del gasto de operación y administrativo para el periodo 2008-2011 y la de ahorro anual de 5.0% para las dependencias de la administración pública federal.
Estos son aparte de los ahorros anunciados en 2009 ante los efectos de la recesión económica y de las medidas para controlar la epidemia de la influenza A H1N1, precisó la dependencia en el Informe Semanal de su Vocería.
Además, están las acciones anunciadas dentro del Programa Nacional de Reducción del Gasto , dado a conocer en marzo pasado, para reorientar los recursos hacia tareas con mayor impacto social y productivo.
Hacienda dijo que el gasto corriente no sólo incluye los sueldos y celulares de los empleados del gobierno, sino también los pagos de las pensiones; las remuneraciones a los servicios de salud, educación y seguridad pública; los subsidios para la generación de energía, las transferencias a los gobiernos de las entidades federativas.
En general, incluye todo el financiamiento de la política social, por lo que "resulta muy simplista" hacer pensar a la población que el gasto corriente es "malo" e indeseable por naturaleza.
De cualquier modo, aseguró que este gasto de todo el sector público se ha reducido de manera importante, al pasar de 83 a 75% del gasto programable total en los últimos nueve años.
De acuerdo con la dependencia, la tasa de crecimiento anual de la inversión pública duplica la del gasto corriente, lo que desmiente aquellas opiniones acerca de que la evolución del gasto corriente ha perjudicado la inversión pública y, por lo tanto, el crecimiento.
En cuanto al gasto corriente, mencionó que el Ejecutivo se ha esforzado por contener, en especial, el gasto en servicios personales (sueldos y salarios de los funcionarios) y dentro del ámbito donde puede influir (administración pública centralizada).
Pero aun considerando todo el sector público federal, es decir, administración pública centralizada, ramos autónomos, generales y entidades, se destina cada vez menos a pagar servicios personales.
De cada 100 pesos para enfrentar gastos corrientes, sólo 42 se utilizan para remunerar a los funcionarios públicos, mientras que hace unos años la nómina absorbía casi 53 pesos, dijo la dependencia.
Por lo tanto, aseveró, también carece de sustento la creencia de que "los aumentos anuales al gasto público total se van en su mayoría a engrosar los servicios personales".
La secretaría aclaró que las facultades del Poder Ejecutivo (el presidente la República y sus secretarios de Estado) le permiten controlar los sueldos y salarios de las dependencias de la administración pública centralizada, pero no los de otras instancias gubernamentales.
Entre estas últimas mencionó a los poderes Legislativo y Judicial, al Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o, incluso, las transferencias federales para que los gobiernos locales puedan pagar a sus empleados.
Argumentó que el gasto en servicios personales de la administración central no sólo disminuye en términos relativos y absolutos por la reducción neta de más de 18,000 plazas, sino también al congelamiento de sueldos de los puestos de mando al que ha estado sujeta desde 2002.
Asimismo, por la reducción de 10% en las remuneraciones de los altos funcionarios decretada al inicio de esta administración.
Así, insistió la dependencia, por lo menos en el ámbito de control del Ejecutivo es absolutamente falsa la presunción de que se "dispararon" los sueldos de los funcionarios de alto nivel, toda vez que la evidencia demuestra lo contrario.
Para 2010, el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público considera, entre otras medidas, identificar duplicidades para eliminar estructuras redundantes, cero plazas, excepto las previstas en el Presupuesto o que sean resultado de reformas legales, y no autorizar alzas salariales a mandos medios, superiores y de enlace.
