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Ley de Competencia, un “perro guardián”

Empresas y consumidores pueden ser beneficiados al combatir de mejor forma prácticas monopólicas; analistas consideran que la ley aprobada por la Cámara Diputados tenga el aval de los Senadores.
vie 30 abril 2010 06:05 AM
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La aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de Competencia Económica por parte del pleno en la Cámara de Diputados, es un paso significativo que contribuirá al desarrollo del país y es motivo de celebración , aseguraron especialistas. Aunque no descartan que la implementación de la misma una vez que sea aprobada por el Senado, enfrente contratiempos, sobre todo por los agentes económicos para quienes va dirigida esta ley.

"En términos generales lograron sacar algo muy positivo y útil para México lo que merece celebrarse, ahora tenemos un buen perro guardián, aunque perfectible en el tiempo", aseguró Roberto Newel, director general del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

Afortunadamente dijo Newel, la parte de las multas "aspecto importantísimo de la reforma", sólo sufrió un ligero cambio respecto de la propuesta original del Ejecutivo, por lo que ahora la Comisión Federal de Competencia tendrá "dientes" para cumplir mejor con su función.

"El primer beneficiado al provocar una mayor competencia es el consumidor que accederá a productos o servicios a mejores precios", dijo Carlos Canfield, investigador del Centro de Investigación en  Economía y Negocios del Tec de Monterrey Campus Estado de México.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 386 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, las reformas que incluyen también al Código Penal Federal, al Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Entre las modificaciones relevantes, se aprobaron multas de hasta 10% de los ingresos acumulables de las empresas, con la precisión de excluir los recursos obtenidos en el extranjero y que éstas se basen sólo con respecto a las ventas en México.

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Actualmente la Ley establece multas de entre 1.5 millones de salarios mínimos a quienes realicen prácticas absolutas, y 900,000 salarios mínimos si se comprueban prácticas relativas.

Un aspecto de cierta preocupación dice María Cristina Capelo del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).es el referente a la posibilidad de que el presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC) pueda reelegirse por un periodo de 4 años más, se presta a designaciones políticas.

"Es un tanto delicado que la reforma contemple una reelección del comisionado presidente ya que la designación puede responder a cuestiones o tiempos políticos, habrá que ver cómo opera en la práctica", aseguró Capelo.

En teoría el objetivo que persigue la reforma a la Ley de Competencia Económica es claro y válido, sin embargo cuando entre en vigor (si es que en el Senado la aprueba), el Gobierno Federal se enfrentará a ciertos problemas, ya que han sido las autoridades en el pasado, las causantes de la conformación de los monopolios y observarán cierta resistencia de su parte, dijo la experta del CIDAC. 

"Lo que no quedó claro de esta iniciativa es que en ningún lado se toca el aspecto del papel del Estado y cuál es la responsabilidad en la conformación de monopolios que ahora ya son tan grandes, que ya se contraponen a su actuación", advirtió Canfield.

Bajo este escenario, los monopolios se estarán preguntando, ¿si el estado nos creo ahora como se está oponiendo? entonces es de esperarse una batalla muy importante, sobre todo a la hora de hacer las diligencias, dijo Canfield.

Por ejemplo algunos expertos consideran que  si se aplicara las reformas, Telmex a la que se ha declarado dominante, pagaría cerca de 1,000 millones de pesos por prácticas monopólicas absolutas y 952 millones de pesos por prácticas relativas de los 119,100 millones de pesos que reportó de ingresos en 2009, pero la ley no es restroactiva.

Los especialistas consultados esperan que en la Cámara de Senadores exista el consenso suficiente para no trabar el dictamen y con ello desperdiciar el esfuerzo realizado por los diputados y que sea aprobado en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

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