México captará 19,500 mdp por licitación
La adjudicación de la banda 1.7 Gigahertz (Ghz) le dejará al Estado un ingreso por más de 19,500 millones de pesos, además del beneficio social en términos de servicios de telefonía móvil de última generación de mayor calidad a precios más accesibles.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) destacó que las empresas ganadoras deberán pagar al Estado tanto el monto ofrecido en la subasta, como los derechos anuales por el periodo de 20 años, tiempo de vigencia de la concesión que establece la Ley Federal de Derechos en su Artículo 244 B y E.
"Este pago de derechos representa la mayor parte de los ingresos públicos por el arrendamiento de este bien de dominio de la nación. Es así que el monto total que recibirá el Estado por estas concesiones supera los 19,500 millones de pesos", expone la SCT en un comunicado de prensa.
El diseño de la licitación permitió tener un proceso competido que garantizó, en cada uno de los 28 bloques que recibieron propuestas, que el Estado mexicano recibiera un precio justo por el bien licitado.
El 18 de julio de 2010, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) dio por terminado el proceso de puja, después de 77 rondas, donde las posturas económicas válidas más altas fueron hechas por Telcel, Telefónica y Nextel-Televisa que suman un total de 5,248 millones de pesos.
Además de los pagos que por ley las empresas ganadoras realizarán, se espera que en el despliegue de las nuevas redes de telecomunicaciones móviles se inviertan grandes sumas de dinero en los próximos años.
Por ejemplo, tanto Telcel como Telefónica invertirán alrededor de 2,000 millones de pesos cada una en la consolidación de sus respectivas redes.
Por su parte, en el plan de negocios que Nextel-Televisa entregó a Cofetel se tiene proyectada una inversión del orden de 19,000 millones de pesos en un lapso de cinco años para el despliegue de una nueva red nacional.
"La licitación 21, desde su diseño hasta su fallo final se llevó a cabo en escrupuloso apego a la ley y normatividad vigentes, y se trató de un proceso transparente e inclusivo, que contribuye a poner a México al día en materia de telecomunicaciones".
