El rescate financiero de EU, investigado
El fondo de rescate del Tesoro de Estados Unidos de 700,000 millones de dólares oficialmente expira en dos semanas, pero no para Neil Barofsky, el principal policía del Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP por su sigla en inglés) . El funcionario está contratando nuevo personal y abriendo cuatro oficinas de sucursales regionales para perseguir los casos de fraude relacionados con el TARP y monitorear las restantes inversiones de contribuyentes en los próximos años.
Barofsky, el inspector general especial del TARP, dijo que se espera que el personal de su oficina, que ahora totaliza cerca de 140 personas, alcance una meta previamente establecida de 160 empleados en los próximos meses, y puede ir más allá de eso.
"La mayor parte de la escalada de nuestros números, la expansión de nuestra contratación, es debido a nuestras investigaciones penales", dijo Barofsky a Reuters en una entrevista.
De esas investigaciones, una gran parte está centrada fuera del área de Washington D.C. De modo que la SIGTARP, como es conocida su operación, está abriendo sucursales en Nueva York, Atlanta, Los Angeles y San Francisco.
Gran parte del trabajo hecho por estas oficinas será la investigación de casos penales en que los bancos que solicitaron TARP puedan haber falsificado su situación financiera para calificar para fondos de rescate del Gobierno.
La expansión se produce porque el TARP se acerca rápido a su fecha de expiración del 3 de octubre, después de la que no se pueden hacer nuevas inversiones.
Pero el rol de supervisión de los organismos de control del rescate, incluyendo SIGTARP, el panel de supervisión del Congreso y la Oficina de Contabilidad del Gobierno, se espera que continúen hasta que el último dólar de inversiones del rescate sean cancelados o saneados , posiblemente a varios años desde ahora.
Bajo la ley de rescate que se aprobó en octubre del 2008, los fondos TARP sólo podrían ir a bancos y compañías financieras consideradas por sus reguladores y el Tesoro como instituciones sanas y viables.
Barofsky dijo que más evidencia está surgiendo ahora de que algunas de estas instituciones pueden haber hecho falsas declaraciones de sus ganancias, en sus solicitudes TARP y en comunicaciones que apoyan sus pedidos de fondos.
"Predominantemente, donde nuestros recursos son más desplegados, es donde la presunta víctima o víctima real es el Gobierno de estados Unidos," dijo Barofsky.
"Estos son intentos de robar dinero de los contribuyentes mediante datos fraudulentos en sus solicitudes de TARP", puntualizó.
Además de las investigaciones de fraude, SIGTARP y otros cuerpos de supervisión también medirán el éxito del Tesoro en el manejo de los 187,000 millones de dólares de inversiones existentes, incluyendo una planificada oferta pública inicial de General Motors y una futura venta de acciones de la aseguradora American International Group (AIG).
