Cofetel urge decisión sobre TV digital
El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acelerar el análisis de fondo de la controversia constitucional sobre el "apagón analógico" en televisión, pues el peor de los escenarios es continuar en la incertidumbre.
Al inaugurar el foro "Televisión Digital Terrestre: Retos y oportunidades", organizado por Observatel, el funcionario enfatizó que "México sigue entrampado en un debate sobre a quién corresponde la facultad de establecer la fecha del apagón analógico".
Subrayó que el rezago en México es evidente mientras que en 14 países la televisión digital será una realidad al cierre de este año y en 37 tendrán su "apagón analógico" en el año 2015.
"Nuestro país cuenta hoy con 126 canales digitales y, sin embargo, menos de 14% de la población cuenta con un receptor para captar señales, además de que en entidades como Chiapas, Oaxaca o Guerrero la cobertura es inferior a 5%".
Dijo que la subutilización de la banda 700 Megahertz (Mhz), la más valiosa del espectro y que permitiría abatir el rezago que existe en materia de cobertura y calidad de banda ancha, es un lujo que no se puede permitir el país.
La Cofetel, añadió, tiene por su parte responsabilidades que no elude y en las cuales trabaja de acuerdo con sus facultades y en estricto apego a la suspensión dictada por la Corte.
A su vez, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez-Jácome, dijo que la digitalización de la televisión es fundamental para liberar el espectro que se requiere y ampliar la conectividad de servicios de telecomunicaciones.
"En septiembre del año pasado se publicó el decreto presidencial que establece las condiciones necesarias para lograr la transición de las señales analógicas a la televisión digital terrestre, lamentablemente la decisión del Ejecutivo fue impugnada y continúa dirimiéndose en los tribunales".
Expuso que los usuarios del servicio de televisión abierta del país serán los principales afectados por la decisión que tomó la Corte en febrero pasado de ordenar la suspensión de todas las acciones impuestas por el decreto presidencial, hasta que se resuelvan las controversias constitucionales promovidas por las cámaras de Diputados y Senadores.
