El reto de reducir el déficit en EU
null
Tras meses de enfrentamientos políticos, los legisladores estadounidenses han logrado aprobar una iniciativa para elevar el límite legal de la deuda y recortar el gasto del Gobierno.
Pero ahora viene la parte difícil: determinar dónde cortará la tijera. Y el plazo para tomar esas arduas decisiones está a la vuelta de la esquina.
Para Estados Unidos, el nuevo año fiscal comienza el primero de octubre, y los congresistas aún no elaboran un plan de gastos para el próximo año. La nueva ley, que contempla recortes al gasto , caerá directamente sobre el proceso de asignación presupuestaria.
"Estamos ya en agosto, tienen que tenerlo listo para finales de septiembre y el Senado todavía no ha hecho nada", indica Craig Jennings, director de política fiscal federal en OMB Watch, organismo no gubernamental que monitorea el gasto federal.
Lo que complica más la tarea es el hecho de que el Congreso deberá recortar el gasto, no incrementarlo.
En abril, los legisladores establecieron el tope del gasto discrecional en 1.050 billones de dólares (bdd) para el actual año fiscal.
En contraste, la ley firmada el pasado martes por el presidente Barack Obama establece los niveles del gasto discrecional en 1.043 billones de dólares para el 2012 y 1.047 bdd para el 2013, esto es, un total acumulado de 10,000 millones de dólares por debajo del nivel actual.
¿Y qué es el gasto discrecional?
Es una pequeña porción del presupuesto que incluye financiamiento para los inspectores de alimentos, el FBI y subsidios educativos, entre otros programas y servicios que la gente asocia con el Gobierno.
Sin embargo, la ley para elevar el techo de la deuda no especifica qué agencias y qué programas deberán sufrir los recortes. Sólo señala que deben aplicarse recortes, y hacerlo enseguida.
Pero un representante de Florida recién elegido para una curul en la cámara baja tiene prioridades de gasto muy diferentes a las de un senador de más antigüedad del noroeste del Pacífico, y esas diferencias saltan a la luz cuando el Gobierno federal tiene que desembolsar dinero.
"El Congreso tendrá que hacer las negociaciones usuales. Aún tienen que desglosar el gasto para cada agencia, y habrá disputas entre el Senado y la Cámara baja", advierte Jennings.
Esa situación resulta muy parecida a lo que ocurrió con el presupuesto para el año fiscal 2011, cuando el proceso normal de asignación de partidas degeneró en una larga batalla que llevó al Gobierno al borde de la parálisis. En el lapso de seis meses, el Congreso aprobó siete medidas provisionales llamadas ‘resoluciones de continuidad'.
Dictar resoluciones de continuidad a corto plazo para mantener al Gobierno funcionando no es nada nuevo. El Congreso ha promulgado al menos una de esas dichosas resoluciones cada año (salvo en tres) de los últimos 30. Pero no había precedentes de siete resoluciones en un solo año, lo que refleja la obstrucción partidista.
La última resolución aprobada expira el último día de septiembre, un plazo que se aproxima. Dado que los legisladores no han progresado mucho en establecer los niveles de financiación para las agencias, la probabilidad de que se apruebe una ley de corto plazo es casi segura.
De acuerdo con Jennings, es posible que el tema derive en otra pelea, en especial si los republicanos consideran que los topes al gasto son un ‘techo' y no tanto el nivel objetivo fijado para el gasto. "Si los republicanos quieren buscar un gasto inferior al tope, pueden hacerlo", dice el experto.
En otras palabras, preparémonos para algunos meses de discusiones.