A debate la reforma de salud de Obama

La Suprema Corte de Justicia escuchará a partir de este lunes los alegatos sobre la constitucionalidad de la Ley de Salud Asequible , a dos años de la promulgación del mayor logro de la administración de Barack Obama en política interna. La inusual jornada de tres audiencias de dos horas durante igual número de días representa el clímax de la batalla política entre la Casa Blanca y los republicanos, quienes han buscado sin éxito su derogación en el Congreso de Estados Unidos.

De igual modo, parecería ser una lucha entre este Gobierno y una mayoría de estadounidenses a juzgar por los 27 estados que han presentado o se han sumado a demandas en contra de la ley, a la que acusan de ser inconstitucional.

La mayoría de estas entidades son gobernadas por republicanos como Bob McDonell de Virginia, el primer estado que llevó al Gobierno federal a una corte el mismo día de la promulgación, antes de que se secara la tinta del documento firmado por Obama el 23 de marzo de 2010.

Algunos críticos de la ley, como el aspirante presidencial republicano Mitt Romney , han citado el aparente repudio de la población a partir de encuestas de opinión como argumento para derogar la ley, algo que él ha prometido de llegar a la Presidencia.

Con todo, la administración de Obama ha desestimado la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia inhabilite las dos porciones de la ley que dominarán estos alegatos.

El grado de confianza es tal que a decir de la directora del Consejo de Política Interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, no se tiene contemplado una Plan B para un escenario desfavorable.

"Estamos confiados de que la Suprema Corte va a mantener la ley y nuestro trabajo es implementar la ley. No hay planes de contingencia", dijo en un encuentro con periodistas.

Empero, el hecho de que la Casa Blanca haya optado por no marcar el segundo aniversario con una ceremonia oficial, habla de la sensibilidad política sobre un tema que ha probado ser divisorio como pocos en fechas recientes.

La principal objeción de los opositores se refiere a la obligatoriedad que establece la ley para que todos los estadounidenses cuenten con seguro de salud para 2014, so pena de enfrentar el pago de una multa.

Otro aspecto contencioso es la obligación de los estados para ampliar el acceso de las personas de escasos recursos que no puedan comprar seguro privado, al programa de cobertura médica popular o Medicaid.

Quienes no cumplan con ello perderán la asistencia que reciben del Gobierno federal para este propósito.

Michael Tanner, analista del conservador Instituto Cato, dijo que la decisión de la Corte "tendrá un precedente crucial para sentar los límites entre el poder del Gobierno y los derechos individuales".

Opositores como Tanner argumentan que la ley, referida por sus críticos como Obamacare, ha probado hasta ahora ser costosa y violatoria de los derechos individuales, al obligarlos a comprar un producto, aludiendo el obligatorio seguro de salud.

"Más allá de si la Corte reafirma o echa abajo Obamacare en su conjunto o en partes, debemos entender que, simplemente como tema de una reforma de salud, Obamacare es una costosa y peligrosa falla", indicó.

Para Robert Alt, del también conservador Heritage Foundation, aún con la acción de la Suprema Corte invalidando estas dos provisiones, el Congreso deberá completar el desmantelamiento, derogando la ley entera.

Indicó que la mejor manera de "rescatar el sueño americano" es que el Congreso "derogue lo que queda de la PPACA (Ley de Salud Asequible, por sus siglas en inglés) y después adopte una real reforma de centro", como las que la Fundación promueve.

Promotores de la ley como el liberal Centro para el Progreso Americano (Center for American Progress) anticipan empero, que el fallo de la Suprema Corte reafirmará la ley.

Ello a partir de la interpretación legal de un apartado de la Constitución conocido como la Cláusula de Comercio sobre las que descansa el soporte legal para demandar de obligatoriedad del seguro médico.

Para analistas del Centro para el Progreso Americano como Ian Millhiser, a pesar del plazo dado a los alegatos, el caso ante los nueve magistrados dista mucho de ser uno complicado, como algunos sugieren.

El caso aterrizó en la Suprema Corte después de que un juez de distrito de apelaciones determinó la inconstitucionalidad de la cláusula de obligatoriedad, que ha sido reafirmada en otras cortes.

"La Corte 11 de Distrito está equivocada y la Suprema Corte rechazará el fallo", dijo Millhiser, quien apunta que la cláusula deja en claro el poder que tiene el Congreso para regular el comercio entre los estados y en ese contexto establecer requerimientos como el seguro de salud.

La Casa Blanca defiende reforma

La ley que promulgó Barack Obama hace dos años beneficia a millones latinos, aseguró la Casa Blanca.

En la actualidad, 6.1 millones de latinos ya tienen cobertura de servicios preventivos sin costos adicionales, señaló la subdirectora de Comunicaciones para Medios Hispanos en la institución, Alejandra Campoverdi.

Aproximadamente 11.8 millones de latinos no tienen qué preocuparse de los límites de por vida en su cobertura y más de 2.5 millones de adultos jóvenes han obtenido cobertura debido a la nueva ley del cuidado de la salud, incluidos 736,000 hispanos.

Indicó que las nuevas cooperativas de seguro, los créditos fiscales y la expansión del programa Medicaid para familias de escasos recursos, permitirá que nueve millones de latinos sean elegibles para la cobertura de la que carecen en la actualidad.

La ley de reforma de salud también expande el programa de Medicaid y provee 900 millones de dólares para Puerto Rico, para expandir la cobertura en la isla.

De acuerdo con la Casa Blanca, más de 500,000 latinos que reciben el programa Medicare para personas mayores de edad, ya han recibido uno o más de los servicios preventivos gratis, incluida la nueva visita anual de bienestar.

La tercera parte de los pacientes atendidos en los centros comunitarios de salud en 2009 era de origen latino.

La ley aumenta los fondos a los más de 1,100 centros de salud en todo el país, que permitirá dupliquen el número de pacientes de 19 millones en la actualidad a 40 millones en 2015.

Bajo esta ley se prohíbe a las compañías de seguros que nieguen cobertura a niños con condiciones preexistentes de salud. En 2014, se les prohibirá discriminar a toda persona que tenga una condición preexistente.