Argentina agiliza nacionalización de YPF

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El Senado comenzó este martes a revisar el proyecto de ley de expropiación de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en manos de la empresa española Repsol, entre adhesiones a la medida y el rechazo de aquellos que alertan que afectará las inversiones extranjeras en Argentina.

El titular del bloque oficialista de senadores, Miguel Angel Pichetto, declaró que el objetivo de las tres comisiones senatoriales es obtener el miércoles por la noche el dictamen favorable y votarlo en pleno el 25 de abril, donde contaría con el respaldo de aliados y algunos opositores.

Luego la iniciativa pasará a los diputados para su aprobación, lo que el Ejecutivo argentino espera lograr en tres semanas.

"Como bloque mayoritario, nuestra voluntad es avanzar en el tratamiento de este proyecto con suma rapidez y celeridad". La iniciativa declara la utilidad pública" de YPF, que fue privatizada en los años 90.

El presidente del Gobierno español Mariano Rajoy aseguró este martes que la expropiación de YPF es injustificable y "afecta y mucho a la reputación internacional de Argentina".

Las acciones de Repsol se desplomaron 6% hasta los 16.42 euros (21.55 dólares) en la Bolsa de Madrid.

El proyecto presentado por la presidenta Cristina Fernández establece la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol.

El canciller español José Manuel García-Margallo aseguró en Madrid que Argentina "se ha dado un tiro en el pie", mientras que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón advirtió que habrá una respuesta contundente "a través de organismos internacionales" y en sus relaciones bilaterales.

La Unión Europea canceló indefinidamente una reunión con Argentina sobre acuerdos comerciales.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, dijo estar "seriamente decepcionado" con Argentina y, aunque evitó hablar de sanciones, afirmó que Bruselas seguirá el caso de "forma prioritaria".

Fernández argumentó que hay que recuperar la "soberanía hidrocarburífera".

Afirmó que la petrolera española no realizó las inversiones necesarias y se quejó de que Argentina tuviera que importar gas por más de 3,000 millones de dólares en 2011.

El diputado oficialista Roberto Feletti explicó que no se trata de "una política de nacionalizaciones masivas (...) es para garantizar un insumo crítico como el petróleo".

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, interventor de YPF, descartó la posibilidad de que otras petroleras se nieguen a asociarse con YPF tras su expropiación. "El mundo necesita petróleo", dijo ante el plenario de tres comisiones del Senado.

"Muchas empresas internacionales a las que invita la ley a asociarse han mostrado su interés a venir", afirmó el funcionario.

"Estamos en condiciones de decir que los números que hablaban acerca del valor de la compañía, de manera imprudente, van a ser revisados a medida que vayamos conociendo vericuetos e información secreta que la empresa manejaba", declaró el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y subinterventor de YPF.

Afirmó que Repsol ha tenido beneficios extraordinariamente grandes en los últimos años y consideró que nadie puede decir que se les está sacando algo que era suyo.

Señaló que difícilmente los ejecutivos de la empresa española entenderán "lo que estamos haciendo en Argentina cuando están pensando en la expansión de un grupo que lo ha hecho con los dividendos que les dio nuestra compañía".

Además le pidió a España "que recupere la dignidad y mire lo que está recomendando la derecha y los guitarristas del libre mercado (...) después de cumplir con esas recetas tiene esos problemas económicos".

Para el analista político Sergio Berensztein "otra vez el país (Argentina) aparece violando derechos de propiedad" y se "van a perder las inversiones extranjeras".

"No creo que en este país haya una ideología socialista como la de (el presidente de Venezuela Hugo) Chávez, pero en ambos casos hubo y en Argentina seguirá habiendo intervenciones en empresas", afirmó.

En tanto, el economista Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, dijo a la agencia AP que el objetivo de la expropiación "tiene que ver con la caja (recaudatoria del Estado)" y se preguntó qué empresa va a querer invertir de ahora en más en el sector energético.

Respecto del pago del paquete accionario a Repsol, el senador oficialista Anibal Fernández dijo a periodistas que el Tribunal de Tasación, a cargo de hacerlo según el proyecto de ley, "es muy prestigioso y nunca es puesto en duda".

El legislador justificó los planes de expropiación y argumentó que la petrolera española "desmanteló YPF", y que hubo una "caída exorbitante de crudo y gas" y "no hay ningún nivel de inversión".

Agregó que lo que sucede en estos momentos es lo lógico que tendría que haber sucedido.

Repsol ha exigido una "compensación" justa y pronta.

Según la compañía, el valor actual de YPF es de 18,300 millones de dólares, de los que 10,500 millones corresponderían a la petrolera española de acuerdo con 57.4% de las acciones que controla.

Según los planes del Gobierno argentino, de las acciones sujetas a expropiación, 51% pasarán a estar bajo control del Estado y el 49% restante se distribuirá entre las provincias productoras de petróleo. De prosperar la iniciativa legislativa, Repsol quedaría con un porcentaje minoritario de 6.43%.

Además de Repsol, la empresa está participada en 25.46% por el grupo argentino Petersen, que era el responsable de su gestión.

El Estado argentino tiene una participación minoritaria de 0.02%. En tanto, el 17.09% está en manos de distintos inversores, algunos de ellos estadounidenses.

Argentina importará este año más de 10,000 millones de dólares de gas y gas natural licuado, según estimaciones del sector.

Analistas señalan que el país sudamericano afronta una crisis energética y que el actual esquema de precios en el sector no alienta las inversiones.

Fuerzas opositoras de izquierda, como el Frente Amplio Progresista y Proyecto Sur, han anunciado que apoyarán al oficialismo en el Parlamento al considerar que es necesario recuperar el control sobre los hidrocarburos; en tanto, en la Unión Cívica Radical (UCR, principal partido de la oposición) se analiza presentar una propuesta alternativa a la oficialista para "solucionar la crisis energética" en Argentina.