España endurece castigos contra fraudes
El gobierno de España anunció este viernes reformas al código penal y otras disposiciones para castigar diversos fraudes contra la economía, así como la falsedad de datos económicos del país. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría indicó que "no es admisible" que en momentos de crisis económica como la actual haya fraude fiscal, a la seguridad social y laboral.
"Se quiere acabar con la visión positiva que hay frente al que defrauda, que emite facturas sin IVA, el que trabaja a escondidas y a la vez cobra subsidio al desempleo, al que cree que por eso es más listo que nadie más cuando burla a las administraciones y al resto de los ciudadanos", manifestó en rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros.
De acuerdo con las reformas, la pena máxima de prisión para los delitos fiscales agravados será de dos a seis años en vez de uno a cinco años y el plazo de prescripción pasa de cinco a diez años.
La nueva pena se aplicará cuando la cuota defraudada exceda los 600,000 euros (720,000 dólares) o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal.
La funcionaria dijo que algunas empresas ficticias simulan que tienen actividades laborales para cobrar las prestaciones y otros talleres clandestinos emplean a trabajadores sin darlos de alta.
Por lo cual las penas máximas por defraudar a la seguridad social utilizando empresas fantasmas o ficticias, se ampliaron de cinco a seis años de prisión, y la prescripción pasa de cinco a 10 años.
La medida se aplicará cuando se defrauden a partir de 50,000 euros (60,000 dólares), cifra menor a los que 120 mil euros (140,000 dólares), que contemplaba la ley anteriormente.
Además, se precisa que los funcionarios que falsen datos oficiales sobre las cuentas públicas de la administración, pueden recibir una pena de uno a tres años de prisión.
