Los puntos álgidos de la reforma laboral

En el marco de la discusión de la reforma laboral, propuesta por el presidente Felipe Calderón, el pago por hora a un trabajador se ha convertido en uno de los factores que mayor controversia han generado, junto con la transparencia sindical y la subcontratación.

Sin embargo, los alcances de esta iniciativa han generado pasiones encontradas entre diversos grupos, mientras que la Comisión de Trabajo y Previsión Social ya la aprobó en lo general, y este jueves discutía las 261 reservas planteadas por los diferentes grupos parlamentarios.

Mientras que la izquierda dice que la situación de los trabajadores será más precaria si se aprueba la reforma, el PAN aclara que traerá beneficios al mercado laboral, e incluso asegura que la iniciativa será aprobada en los próximos días.

Según adelantó el miércoles el diputado del Partido Verde, Tomás Torres Mercado, el dictamen será subido este viernes al Pleno para ser discutido por los 500 legisladores que integran la Cámara baja.

El documento aprobado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social plantea de la siguiente manera la reforma al artículo 83, que se refiere a la nueva modalidad de pago por hora:

"Tratándose de salario por unidad de tiempo, el trabajador y el patrón podrán convenir el monto, así como el pago por cada hora de prestación de servicio, siempre y cuando no se exceda la jornada máxima legal y se respeten los derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza de que se trate".

El ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad, en ningún caso será inferior al que corresponda a una jornada, detalla.

"En la Comisión de Trabajo y Previsión Social se adicionó a la iniciativa que el pago por hora no será menor al de una jornada de trabajo, que contempla un salario mínimo de 60 pesos", aclara el diputado del PAN, Alfredo Botello Montes, integrante de esta comisión.

Si es un obrero general o una profesionista o desempeña alguna actividad que está señalada en la Ley Federal del Trabajo, se le pagará de acuerdo a un salario profesional, y precisa que el salario mínimo será el que corresponda, según las tres zonas geográficas en que se divide.

Para este año, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos estableció que para la zona A el salario quedó en 62.3 pesos diarios, para la zona B en 60.57 pesos y para la zona C en 59.80 pesos.

La senadora del PRD, Dolores Padierna, denunció que se rechaza la iniciativa porque es altamente lesiva para la clase trabajadora. "Quieren contratos por hora que cuestan siete pesos, los más bajos salarios que tenemos en México", dijo este lunes a CNNExpansión.

Se pretende que los trabajadores se empleen en forma discontinua para evitar prestaciones, aguinaldo, semana de vacaciones, para evitar ascensos en el trabajo y mejoría, agregó la legisladora.

"Hoy por la Corte ya está reconocido el trabajo por tiempo y solo se está agregando esta figura a la Ley Federal del Trabajo", explica Botello Morales. Es erróneo asegurar que el salario por hora que se pagará será de 7 pesos, resultado de dividir los 60 pesos del salario mínimo entre 8 horas, menciona.

Salario por jornada completa

El trabajo por unidad de tiempo está permitido en la actual Ley Federal del Trabajo, agrega el especialista en derecho laboral Gabriel Pizá. "El punto es que hay salarios mínimos, salarios mínimos profesionales y el salario que se pacta entre el empleado y el patrón". Precisa que la iniciativa no habla de salarios, y solo plantea condiciones y "al dejar una condición y estar ratificando el salario por hora permite que algunos trabajadores que realizan alguna labor de 7 de la mañana a 4 de la tarde tengan el tiempo para realizar algunas labores por hora".

Además, al trabajador se le deben dar las prestaciones que corresponden al número de horas que se contratan por año y eso da como resultado un salario más allá del mínimo, pero "lo más importante es que ayudará a la gente que tiene que trabajar por hora, por ejemplo estudiantes o madres de familia que tienen pocas horas disponibles".

"Las condiciones laborales son las mismas: con aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, pero se adaptan a las necesidades actuales entre una empresa para darle la oportunidad a los patrones serios de realmente contratar a los trabajadores como se debe", indica Pizá. Para Manuel Molano, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con esta reforma al principio se va a generar una mayor participación laboral. Habrá más gente deseosa de trabajar y eso va a crear un mercado más competido, anticipa.

"Probablemente se tenga un efecto al alza en el desempleo, porque habrá más gente buscando trabajo, pero eventualmente lo que acabará pasando es que se elevará la productividad de los trabajadores porque será un mercado más competido".

PAN insiste en transparencia sindical El diputado Alfredo Botello Montes puntualiza que el PAN se reservó el Artículo 371 de la iniciativa, que en una de sus fracciones establece que el voto para la elección de mesa directiva sea de manera libre, ya que la libertad del voto debe transitar en cuanto a la secrecía del mismo.

"Nosotros vamos a insistir que el ejercicio del voto que los trabajadores realicen para la elección de sus mesas directivas sea libre y de manera secreta, y para garantizar esa libertad vamos a insistir en ese punto en la Comisión y si es necesario se llevará al Pleno".

En cuanto a la transparencia sindical, se ha establecido como imperativo que los estatutos de los sindicatos incluyan reglas para la rendición de cuentas.

Los estatutos deberán establecer el derecho de la minoría a recibir información del manejo de los recursos; instancia y procedimientos internos que aseguren la resolución de las controversias relacionadas con la administración de los recursos; la forma en que se revisará la información financiera y contable, y las consecuencias aplicables a los funcionarios de las directivas por no rendir los informes correspondientes o malos manejos del sindicato.

"Es transitar hacia la transparencia, independientemente que hay disposiciones del IFAI para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje deban poner a disposición  de los trabajadores lo que son los contratos colectivos y Reglamentos Internos", dice el legislador.

Outsourcing y juicios sumarios La iniciativa que este miércoles fue aprobada en lo general y se espera que se discuta a partir de este viernes en el Pleno, contempla también la figura de juicios sumarios.

Según el dictamen, ello corresponde a "prestaciones de carácter social, principalmente, en cuanto a vivienda o inscripciones al IMSS, para que se puedan resolver prácticamente de manera inmediata mediante disposiciones de carácter sumario en la demanda que pueda existir".

En general a toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces el salario mínimo general.

"También se busca sancionar a funcionarios que de manera deliberada realicen estas prácticas dilatorias, porque, hoy la media que tenemos de resolución de juicios son unos 4,000 y eso no es posible", indica el diputado.

En materia de subcontratación (outsourcing), la iniciativa busca transparentar este tipo de operaciones y hacerlas más específicas.

El Artículo 15-D incluido en el dictamen del miércoles señalaba que "se presumirá, salvo prueba en contrario, que se utiliza el régimen de subcontratación en forma dolosa, cuando con el objeto de simular salarios y prestaciones menores, las contratistas o beneficiarias de los servicios tengan simultáneas relaciones de trabajo o de carácter mercantil o civil, respecto a los mismos trabajadores o se trate de impedir el ejercicio de sus derechos individuales o colectivos".

Sin embargo, este jueves la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó las normas que regulan el outsourcing , definiendo a esa práctica como la relación que se da cuando una persona empleada por una empresa brinda sus servicios a otra, conocida como beneficiaria.  Según lo convenido por los legisladores, la compañía beneficiaria estaría obligada a verificar que la contratista proporcione a sus trabajadores condiciones adecuadas de seguridad, salud y medio ambiente.

La Cámara de Diputados tiene hasta fin de mes para votar la propuesta, debido a que Calderón la entregó el 1 de septiembre con carácter de preferente, es decir, obligando a su votación a más tardar en 30 días.