Moody’s rebajará a Buenos Aires
Moody's Investors Service estudia bajar en dos escalones la calificación de la ciudad de Buenos Aires para alinearla con la nota soberana del país, dijeron este lunes ejecutivos de la agencia calificadora de riesgo. Un recorte de la nota a B3 desde B1 aumentaría los costos de financiamiento de uno de los pocos distritos en la nación sudamericana con acceso a los mercados de crédito internacionales.
La revisión "será de aquí a fin de año", dijo a periodistas Alejandro Olivo Villa, vicepresidente y oficial de crédito senior en Moody's.
La calificación B2 de Mendoza, una provincia andina que es una importante productora de hidrocarburos, también está bajo estudio para una baja, agregó.
Olivo Villa explicó que los dos distritos son los únicos en Argentina, además de un puñado de ciudades, que cuentan con una calificación superior a la del Gobierno nacional entre las calificadas por Moody's. Una nota de B1, B2 y B3 implica que el emisor se considera de alto riesgo crediticio.
"Estamos revisando los vínculos y los canales a través de los cuales la calificación soberana y la perspectiva negativa del soberano podría afectar la calidad crediticia" de la deuda subsoberana, explicó.
La ciudad de Buenos Aires, gobernada por un partido opositor de centro-derecha, y Mendoza, en manos del peronismo oficialista, se han beneficiado de niveles bajos de deuda y de ingresos tributarios suficientes para no depender de las transferencias de fondos del Gobierno federal.
"En la medida en que el marco institucional se deteriore y que, tal vez, los 'fundamentals' no se deterioren, igualmente podría haber una acción" de rebaja, agregó Patricio Esnaola, analista de la calificadora.
Las finanzas de la mayoría de las provincias argentinas están contra las cuerdas por un gasto público impulsado por una alta inflación que crece más rápido que su nivel de ingresos.
Moody's cambió hace dos semanas el panorama para la calificación B3 del Gobierno nacional a negativo desde estable dando como argumentos políticas económicas desordenadas y la falta de transparencia en los datos estadísticos.
La presidenta Cristina Fernández lleva adelante políticas intervencionistas sobre la economía que son criticadas por los inversores internacionales y que incluyen un control de cambios, el uso de reservas del Banco Central para pagar deuda pública y barreras proteccionistas para frenar importaciones.
Las estadísticas oficiales también son cuestionadas por economistas y políticos opositores, que denuncian que hay una manipulación del Gobierno para mostrar una inflación menor a la real y un crecimiento económico superior.
