Deuda de EU, ¿amenaza a la seguridad?

La deuda nacional de Estados Unidos no estaba en la agenda oficial del debate presidencial del lunes sobre política exterior, pero tal vez debía estarlo.

Un coro de ex líderes militares, funcionarios del actual Gobierno y ‘halcones' fiscales han etiquetado a la deuda del país como una amenaza para la seguridad nacional.

"Una nación con nuestros actuales niveles de insostenible deuda... no puede esperar mantener por mucho tiempo su superioridad desde el punto de vista militar, o su influencia en los asuntos mundiales", dijo el mes pasado el almirante Michael Mullen, ex presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor.

La preocupación: si la deuda sigue creciendo de manera desenfrenada , el Gobierno de Estados Unidos se verá limitado en su capacidad de pagar por lo que quiere hacer militarmente y diplomáticamente. Y podría limitar la influencia del país hacia las potencias extranjeras.

Especialmente porque los demás países poseen cerca de la mitad de la deuda pública pendiente de Estados Unidos, con China y Japón liderando la lista de acreedores.

"No se puede ser fuerte en todo el mundo a menos que seas fuerte en casa", dijo Lawrence Korb, un investigador del Center for American Progress, quien se desempeñó como secretario adjunto de Defensa durante la presidencia de Reagan.

Incluso aunque el mercado de bonos no eleve las tasas de interés estadounidenses desenfrenadamente, los intereses sobre la deuda acumulada del país podrían superar los 900,000 millones de dólares para 2022.

Eso es el equivalente a una cuarta parte del presupuesto federal actual y cerca de 200,000 millones de dólares más que lo que Estados Unidos gasta en defensa anualmente.

Para 2035, los costos por intereses podrían consumir cerca del 10% de la economía a menos que los legisladores hagan cambios en las políticas, de acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés).

Si bien el gasto en seguridad nacional no es la causa principal del problema de deuda del país, representa alrededor de una quinta parte del gasto federal. Y expertos presupuestarios y en defensa opinan que el presupuesto está lleno de ineficiencias y excesos que pueden controlarse sin poner en peligro la seguridad nacional, si se hace con inteligencia. (No hay uno solo que crea que los recortes de defensa a lo largo de la frontera por 500,000 millones de dólares programados para comenzar el próximo año sean una medida inteligente).

Además, las guerras en Irak y Afganistán se han llevado a cabo con dinero prestado: más de 1 billón de dólares hasta la fecha.

Y la decisión de acumular esa deuda se tomó antes de que el país se viera  afectado por la crisis financiera de 2008, que contribuyó considerablemente a los déficits federales.

Aunque los legisladores de ambos partidos coinciden en que la deuda será un problema de seguridad nacional, no están de acuerdo acerca del papel que los gastos de defensa deben desempeñar en la reducción del déficit .

Esa división es evidente en parte en las diferencias entre las propuestas de gastos de defensa de los candidatos a la presidencia.

Obama ha propuesto gastar aproximadamente 5.8 billones en el presupuesto base del Pentágono durante la próxima década.

Bajo ese escenario, el sector de defensa representaría aproximadamente el 11% del gasto federal total en 2022, ligeramente debajo del nivel en que la CBO estima que se ubicaría de otra manera.

Si esto se cumpliera, aún así dejaría al Pentágono con niveles de recursos más elevados que durante la presidencia de Clinton, y que durante el primer mandato del presidente George W. Bush.

Romney ha fijado ambiciosos objetivos de reducción del déficit: está buscando un presupuesto equilibrado en el plazo de ocho años; sin embargo, ha descartado cualquier recorte en el sector de defensa como parte de esa estrategia.

De hecho, Romney propone que el presupuesto básico anual del Pentágono sea de al menos un 4% del PIB. Eso significa que durante más de una década gastaría 2 billones de dólares más en defensa que Obama, o más de 1.6 billones de dólares relativos a políticas bajo la ley actual.