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Legado de Gordillo, difícil de limpiar

Su detención y la reforma educativa no resuelven los problemas de fondo de la educación: expertos; por muchos años el Gobierno compartió la rectoría con un sindicato plagado de corrupción, dicen.
vie 01 marzo 2013 06:03 AM
La PGR acusa a la líder sindical de triangular recursos por 2,600 millones de pesos. (Foto: Notimex)
Elba Esther

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Aún con la aprobación de la reforma educativa y la detención de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, el lastre que arrastra la educación en México será difícil de eliminar, advierten especialistas.

La calidad educativa en México no radica en tener o no organismos gremiales, destaca Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, pero "al contar con un sindicato que no tenia siempre entre sus prioridades mejorar la eficacia en la educación, el proyecto fue perdiendo fuerza y se mezcló con otros intereses de naturaleza comercial, política".

De ahí que se busca restaurar la rectoría del Estado en este tema, porque la autoridad educativa por muchos años compartía el poder con un sindicato que a la luz de todos los eventos que conocemos estaba debilitado por la corrupción, explica.

El martes por la tarde, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Elba Esther Gordillo, hasta entonces aún dirigente vitalicia del SNTE, luego de descubrir presuntos desvíos millonarios de cuentas del sindicato.

El procurador Jesús Murillo Karam detalló que se descubrió una malversación de fondos que resultaron en pagos a tiendas departamentales, de tarjetas de crédito y hasta cirugías.

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La Función Educación para el ejercicio fiscal 2013 contó con un total de 561,909.9 millones de pesos (mdp), lo que representa 0.4% más que lo propuesto por el Ejecutivo Federal y 0.6% más, en términos reales, de lo aprobado para el 2012 y representa 3.4% por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) esperado para 2013.

"El aumento en el gasto de educación no se ha reflejado en mejores educación para el país. Las evaluaciones de Pisa o Enlace muestran que el aumento del gasto no tiene nada que ver con el resultado educativo", Sunny Areli Villa Juárez, investigadora asociada del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

De acuerdo con el CIEP, de los 561,909 millones de pesos canalizados a la Función Educación (que incluye el Presupuesto designado a la SEP), casi 97 centavos de cada peso (96.8%) se va a gasto corriente, de los cuales 71.3% son servicios personales y 22.4% subsidios.

Villa Juárez destaca que una vez que los recursos llegan a las entidades (a través del Ramo 33 y otros), no está claro en qué se gastan.

Además, aunque el pacto por México está intentando impulsar la educación media superior, "no se ve reflejado en el Presupuesto para 2013, ya que con relación a los recursos canalizados en 2012, hay una variación de -3.8% real".

"Un sindicato que no vea por mejorar la productividad, que debe acompañar el mejor ingreso de los trabajadores, no está cumpliendo con su enorme responsabilidad como representante de los factores fundamentales de la producción", agrega el director del centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada.

Los sindicatos que son corruptos y benefician a sus dirigentes obstaculizan la productividad y el crecimiento de la economía, indica y es el caso "del SNTE que por razones ideológicas, absurdas, ha llevado a planteamientos absurdos como el que se eliminen las clases de inglés y la computación".

Considera que cualquier sindicato en donde no haya transparencia, en donde se proteja el robo del producto de la empresa, o se obstruya en la productividad, -como era el caso de la Compañía de Luz y Fuerza o en muchas secciones de Pemex-, debe ser vigilado, revisado y si hay culpabilidad que se tomen las medidas necesarias y predomine el estado de derecho, que desparezca la impunidad.

"No puede ser que México siendo casi el 12 en términos de producto y población tengamos obstáculos de este tipo para la inversión, para la creación de empleo y el bienestar de los trabajadores".

El lastre del sindicato en el Presupuesto

En 2011 los comisionados sindicales del SNTE costaron a los contribuyentes 1,700 millones de pesos, y con esos recursos podrían haberse mejorado 66,000 escuelas, comenta el Investigador de Mexicanos Primero, Manuel Bravo.

La entrega de recursos públicos a la actividad magisterial del país arroja irregularidades, que tan solo en 2011 ascendieron a 14,212.3 millones de pesos y que en buena medida tiene que ver con la opacidad con que opera el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que hasta ayer martes dirigía Elba Esther Gordillo, revelan autoridades y critican expertos.

En el rubro de gasto federalizado, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó las irregularidades en el Ramo 33, que corresponde al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), cuyo objetivo principal es financiar las acciones de las entidades federativas en educación.

Estimaciones del Área de Investigación de Mexicanos Primero revelan que con esos 1,700 millones de pesos, y de acuerdo con el Programa de Mejores Escuelas (PME), entre 2008 y 2012 se han rehabilitado 19,399 escuelas con recursos por 500 millones de pesos.

Estos centros educativos fueron reparados utilizando como base la encuesta realizada por la SEP en 2007, en la que 33,455 escuelas de educación básica -de más 178,000 (20%) se encontraban en necesidad urgente de reparación en todo el país (preescolar, primaria, secundaria y escuelas para necesidades especiales).

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 puntualiza que la administración y manejo de los recursos del fondo transferidos por la Federación a los gobiernos estatales, y de éstos a las instancias ejecutoras, se ha convertido en un espacio de riesgo y opacidad.

En algunos casos se mezclan con los de otros fondos y programas, inclusive no vinculados con el tema educativo, lo que dificulta su identificación, control y fiscalización.

Debe erradicarse esta práctica indebida que afecta la transparencia en el ejercicio de los recursos y de sus rendimientos financieros, fortaleciendo la vigilancia y supervisión de su manejo y de sus rendimientos financieros, por medio de una cuenta bancaria específica, dice la ASF.

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