España busca reducir los desahucios
El Parlamento español aprobó este jueves una reforma de la Ley Hipotecaria que ofrece nuevas garantías a los deudores para evitar el desahucio, pero que los partidos de la oposición y los colectivos de afectados calificaron de insuficiente.
La ley fue ratificada con el voto en solitario del gobernante Partido Popular y el rechazo en bloque de todos los grupos de la oposición. El texto pasa ahora al Senado, donde no se prevé que sufra cambios, y se espera que esté vigente dentro de un mes.
La reforma hipotecaria trata de frenar la ola de descontento social provocada por los desahucios. Las ejecuciones por impago se han disparado en España desde el inicio de la crisis en 2008 como consecuencia directa del altísimo desempleo, actualmente de 26%. Se da la paradoja de que muchos de los bancos que ordenan los desahucios recibieron multimillonarias inyecciones de dinero público para sobrevivir.
En total, las entidades financieras embargaron 38,976 casas en 2012, de las que 30,034 eran la vivienda habitual del propietario, según el Colegio de Registradores de la Propiedad. La media fue de unos 100 desahucios al día y se calcula que al menos cinco personas se suicidaron tras recibir la orden de desalojo.
La ley hipotecaria española es muy rígida. Las personas que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca son desalojadas por orden judicial, pierden el dinero invertido y la casa y, además, deben satisfacer la deuda pendiente con el banco.
La reforma aprobada permitirá a un juez paralizar un desahucio si entiende que las cláusulas del banco son abusivas. También se abaratan los intereses de demora que debe afrontar el deudor y se eleva de una a un mínimo de tres las cuotas de impago para iniciar un proceso legal de embargo.
Desde noviembre está vigente una moratoria de dos años en desahucios que afectan a familias con ingresos inferiores a 18,400 dólares al año.
La normativa fue tramitada en el Parlamento gracias a una iniciativa popular de la llamada Plataforma Anti Desahucios que recogió 1.4 millones de firmas. Sin embargo, una de sus principales reivindicaciones fue excluida de la redacción final.
La Plataforma pedía la entrada en vigor de la dación en pago, que supone que el desahuciado cancela su deuda pendiente con el banco una vez que entrega la vivienda a la entidad. El Partido Popular consideró que la dación en pago no es realista y que dañaría gravemente el sistema financiero, que afronta una profunda restructuración tras recibir un préstamo de más de 50,000 millones de dólares por parte de la Unión Europea.
En ese sentido, la Plataforma acusó al Partido Popular de haber traicionado el espíritu de un texto respaldado por las 1.4 millones de firmas y aseguró que la nueva ley no solucionará el problema. Unas 200 personas se congregaron en los exteriores del Congreso para protestar y dejaron claro que redoblarán la presión en la calle.
"Seguiremos defendiendo nuestra medida fuera del Congreso, en la calle", dijo Ada Colau, portavoz de la Plataforma. En los últimos meses, el grupo ha organizado pequeñas protestas frente a domicilios particulares de dirigentes del oficialismo.
