Europa insiste en crear un ‘cielo único’
La Comisión Europea (CE) propuso nuevas medidas para intentar, por tercera vez y tras casi 10 años de fracasos, crear un verdadero "Cielo Único Europeo" que pueda hacer frente de manera eficaz y segura al creciente tráfico aéreo. El Ejecutivo comunitario quiere acabar con la fragmentación del espacio aéreo, que cuesta a la Unión Europea hasta 8,000 millones de euros al año y puede llegar a aumentar la distancia media de vuelo hasta en 42 kilómetros, lo que multiplica también las emisiones contaminantes.
"Los vuelos aumentarán en 50% en los próximos 10 o 20 años. Si dejamos las cosas como están, tendremos que hacer frente a una grave congestión y al caos en nuestro espacio aéreo", señaló este martes el comisario europeo de Transporte, Siim Kallas, en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).
Alertó de que hasta "dos millones de vuelos podrían quedarse en tierra".
El grupo de los 27 se había comprometido a conformar nueve Bloques Funcionales del Espacio Aéreo (FABs), y lo ha hecho sobre papel, pero en la práctica siguen funcionando los 27 sistemas nacionales de control de tráfico que prestan servicios a través de 50 centros de control, explicó una fuente comunitaria.
En España, Aena controla el espacio aéreo a través de cinco centros de control (Madrid, Barcelona, Islas Canarias, Palma y Sevilla), y su gestión es la sexta más costosa del bloque tras la de Bélgica, Holanda, Eslovaquia, Alemania e Italia, aunque ha mejorado si se compara con los datos de hace tres años, cuando ocupaba el número uno, indicaron a Efe fuentes comunitarias.
El problema español es particular, reconocen, porque debido al turismo existe un despliegue de centros de control e instalaciones, sobre todo en Baleares, que quedan en desuso en las temporadas bajas de turismo.
Estados Unidos gestiona un volumen del doble de tráfico aéreo con sólo alrededor de 20 centros de control y con la mitad de gasto, gracias a que su sistema es 70 % más eficiente que el de la UE, añaden. Los motivos del retraso en la aplicación de las normas europeas, que existen desde 2004 y fueron actualizadas en 2009, son fundamentalmente sociales y económicos, pero también existen reticencias estratégicas, ya que ningún país quiere confiar el control de su espacio aéreo a un Estado miembro vecino.
La Comisión anunció en diciembre de 2012 que expedientará a los 27 por no respetar la legislación del Cielo Único, y ahora mantiene que llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE a finales de año, algo que este lunes confirmó Kallas.
Sin embargo, otra fuente comunitaria asegura que en estos momentos "la CE no tiene herramientas para forzar a los Estados miembros", ya que la legislación en vigor tiene demasiadas excepciones e imprecisiones que complican su aplicación.
Por este motivo, Bruselas quiere incluir en las normas objetivos de gestión obligatorios más concretos y ambiciosos sobre seguridad, eficiencia e impacto medioambiental.
También propone separar por completo autoridades nacionales de supervisión y organizaciones de control de tráfico aéreo, para poner fin a la situación actual en la que muchas autoridades de supervisión dependen, por falta de recursos, del apoyo de las mismas entidades a las que supervisan.
La Comisión quiere que las aerolíneas puedan opinar sobre los planes de inversión de las organizaciones de control del tránsito aéreo para que tengan un perfil más industrial y menos político, consciente de que en la actualidad algunas decisiones están vinculadas a intereses regionales.
En cuanto a los servicios de apoyo a las organizaciones de control de tráfico aéreo, como la meteorología o la información aeronáutica, Bruselas explica que en la actualidad son los que más costes generan porque existe un monopolio, pero si se sometiesen a las normas de contratación pública habituales podría lograrse un ahorro del 20 %.
Por otro lado, se pretende reforzar la función del gestor de red (Eurocontrol) para que gestione servicios centralizados en Europa de manera más eficiente y tenga potestad, por ejemplo, para acortar las rutas.
Las normas presentadas este lunes por la Comisión deben ser aprobadas primero por mayoría cualificada en el Consejo de la UE (donde están representados los Veintisiete) y en codecisión con el Parlamento Europeo, lo que en el caso más optimista retrasaría su aplicación hasta finales de 2014.
