Pemex, entre la samba y el vallenato
La propuesta de reforma energética del Gobierno Federal, que contempla la posibilidad de utilizar Contratos de Utilidad Compartida, sería atractiva para los inversionistas porque les garantizaría la recuperación de sus costos de operación, además de fomentar el incremento en la producción para maximizar las ganancias, aseguraron analistas.
Este esquema es similar al de las industrias petroleras de Brasil y Colombia. Este último país también tiene un modelo de Contrato de Riesgo Compartido donde, dependiendo del grado de certidumbre del proyecto de extracción (si es en aguas profundas o en campos convencionales) se ajusta la tasa de compensación para la empresa, dijo el director de la consultora GMEC, Gonzalo Monroy.
Esa figura permite que en proyectos de alto riesgo como en los yacimientos de aguas profundas del Golfo de México, las compañías puedan asociarse con otros operadores o con Pemex. "A su vez el Estado reconoce que a mayor riesgo, mayor debe ser la utilidad que se comparta con la iniciativa privada", comentó.
El socio de la consultora Marcos y Asociados, Luis Miguel Labardini, coincidió en que las empresas prefieren los contratos de "utilidades compartidas", pues incluyen la existencia y pago de los costos de producción (a diferencia de las concesiones), por lo que si bien reciben una contraprestación menor, les da más seguridad sobre su inversión.
"Lo importante es la matemática del contrato en sí mismo, porque si resulta atractiva la repartición de la utilidad, habrá operadores que entren. De hecho este esquema es parecido al de Brasil", dijo.
En Brasil, la petrolera tiene garantizada una participación menor al 30% en los contratos de producción compartida, mientras que empresas privadas como Shell, Chevron, BG, Statoil, Repsol, OGX y HRT O&G participan activamente en el sector energético.
La iniciativa presentada por el Gobierno federal detalla que los contratos de utilidad compartida establecen que las compensaciones para las empresas que participen bajo este modelo podrían ser en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los productos obtenidos.
"Para el otorgamiento de dicha compensación, los contratistas debían recuperar las inversiones y obtener una utilidad razonable. Es decir, se trataba de un contrato impulsado por el interés de los actores privados para obtener mayores ganancias, redituando en una mayor renta para la Nación y alineando, de esta forma, los incentivos entre el Estado y sus contratistas", señala la propuesta.
Esta iniciativa coincide con la que presentó el Partido Acción Nacional (PAN), en "la apertura sobre la inversión de privada, pero difieren en los mecanismos", dijo Monroy.
El Gobierno presentó este lunes su reforma en materia energética en la que propone cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución para permitir asociaciones con la iniciativa privada en materia de crudo, con el fin de recuperar el ritmo de crecimiento de la producción de petróleo, que lleva cayendo desde 2004 cuando alcanzó su máximo histórico.
La propuesta del PAN, la principal fuerza de oposición en el Congreso, sí incluye la opción de entregar concesiones , sin descartar que se puedan realizar contratos de riesgo compartido.
"Las concesiones sirven para los pequeños proyectos donde entran las Pymes, como el caso de los campos de gas shale", dijo el analista.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) adelantó que aún evalúa los términos en que se presentó la propuesta del Gobierno, pero llamó a los legisladores a que analicen las propuestas realizadas por todos los partidos al momento de discutir la reforma.
"A reserva de un análisis detallado de la iniciativa, encontramos coincidencias con las propuestas que el sector empresarial ha venido desarrollando internamente en los últimos meses. Seguiremos enriqueciendo las diferentes iniciativas y propiciando consensos para su aprobación", expuso el grupo empresarial en un comunicado de prensa.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) espera presentar su propuesta de reforma energética en los próximos días, aunque ha adelantado que planteará ninguna modificación constitucional.
