Ahorradores prioridad en caso de quiebra

La reforma financiera, aprobada recientemente en el Congreso, considera el fortalecimiento de un "banco puente" para preservar los activos de las instituciones crediticias que atraviesen por un proceso de quiebra, a fin de evitar que se violente el sistema de pago de los ahorradores, explicó el secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), Lorenzo Meade.

"El banco puente busca ser un vehículo para que no se pierda el valor de los activos (cuando una institución atraviese por problemas de insolvencia) a favor de los ahorradores y luego de los acreedores, generando así un menor costo fiscal. En caso de una quiebra bancaria el valor de los activos se preservará, con la idea de que alguien más pueda comprarlos".

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Meade aseguró que históricamente no se contemplaba un sistema para que los bancos quebraran, sin embargo reconoció que ahora es una realidad que las instituciones crediticias pueden caer en insolvencia, por lo cual se creó dentro de la reforma financiera la figura de Liquidación Judicial Bancaria (LJB).

"La reforma financiera nos ayuda a enfrentar de mejor manera esta problemática. En particular la ley de Liquidaciones Judiciales acorta los plazos respecto de lo que se tenía antes y permite resolverlos de forma más eficiente", dijo en entrevista.

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Precisó que con esta reforma se fortalece la estructura financiera del país, al contar con una mejor regulación en términos de la supervisión y del seguro de depósito, que es un instrumento que tiene el IPAB para proteger el dinero de los ahorradores.

"Tenemos herramientas que nos ayudan a estar preparados para poder hacer frente a una crisis", aseguró, y destacó que los ahorradores son prioridad en caso de una quiebra bancaria.

El banco puente está contemplado en la legislación bancaria desde 2006, pero ahora la reforma financiera aprobada recientemente fortaleció la figura que permitirá desplazar de mejor manera activos y pasivos de una institución financiera en problemas, tratando de evitar en la medida de los posible que sus activos se deterioren.

"El banco puente tiene una duración de seis meses y puede utilizarse por seis meses más. Antes de la reforma financiera sólo se permitía el pago parcial de los activos y pasivos, ahora se incorpora la posibilidad de llevar a cabo la transferencia total en caso de un banco sistémico y ayuda a que en esta transferencia violente lo menos posible el sistema de pagos de los ahorradores", precisó Meade.

Explicó que se trata de una figura que se usa internacionalmente y como excepción. Y puso el caso de los bancos en Estados Unidos que desde la quiebra de Lehman Brothers (2008) y hasta la fecha la han utilizado en 11 ocasiones en resoluciones de poco más de 448 bancos, lo que da más seguridad al sistema.

Explicó que este banco no tendría que pagarle cuotas al IPAB, ni los mínimos de capital a los que están obligados el resto de las instituciones, tendrá lo mejor del banco que esté en problemas, sus ahorradores.

"En una liquidación todo esto (los activos) se deteriora y eventualmente también se llega a vender la cartera y lo que estamos procurando es preservar el valor de sus activos para que otros bancos los puedan comprar".

Lo que dejó la crisis de 1994

El secretario ejecutivo del IPAB comentó que la crisis de 1994 no sólo dejó la quiebra de algunas instituciones, también una deuda que en ese entonces equivalía a 11.4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

"Hoy, el IPAB administra una deuda que equivale a 5.17 puntos del PIB, poco más de 824,000 millones de pesos, que en 1999 (cuando se crea el IPAB) representaba 11.46 puntos. La estrategia ha sido pagar los intereses reales de la deuda e irla amortizando y esta reforma financiera ayuda a generar las condiciones para que el país crezca; como porcentaje del PIB la deuda se irá haciendo menor en la medida en que haya más participantes y paguen más cuotas (el monto) también se irá haciendo menor".

Puntualizó que la deuda se pagaba por transferencias fiscales, cuota de bancos y activos que se vendieron por la liquidación.

Hoy ya no hay activos por vender, pero en su momento ayudó a amortizar más allá del componente real de la deuda.

El IPAB sigue recibiendo transferencias fiscales y para 2014 serán poco más de 9,000 millones de pesos, de los cuales el 75% se irá al pago de intereses, mientras que por cuotas que pagan los bancos la suma al cierre de 2012 ascendió a poco más de 11,000 millones de pesos. "La estrategia es que no resulte oneroso para los ahorradores, para la población".

Con relación a los dos bancos que falta por liquidar, Meade destacó que no se ha podido cerrar el proceso debido a temas  que están asociados a problemáticas en los activos, muchos de ellos evidentemente judiciales, y litigios en contra de la institución, y descartó que esté asociado a intereses de grupos.

"No tiene que ver con intereses, sino con el sistema judicial y el tiempo que tardan los jueces en llevar a cabo un juicio. Hay que agotar esos juicios, parta que sea atractivo y que alguien los compre, pero tenemos un cascarón y por esas razones cuesta mucho trabajo cerrarlo".

Reforma hace eficientes las quiebras

La reforma financiera otorga más fuerza y responsabilidad al IPAB que a partir de que entre en vigor fungirá como liquidador, lo que ayuda en términos de tiempo. Es decir, explicó, para poder enajenar bienes, o una cartera, había que pedirle a un juez permiso y eso podía tomar hasta cuatro meses, lo cual cambia ya que ahora solo informará al juez cada bimestre cómo van avanzando las operaciones de liquidación y eso acelera los procesos.

"Esto apoya mucho al sistema financiero, es fundamental tener una red de seguridad financiera que permita que rápidamente se pueda diagnosticar el problema y se pueda poner remedio. Desde alertas tempranas lo teníamos, pero se ha venido fortaleciendo con Basilea III, con el tema de resoluciones, con una mejor supervisión, con una mejor regulación y ahora con un mejor sistema de resolución para los bancos".