Corte atrae la condonación a estados
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá el amparo promovido por un grupo de ciudadanos contra la decisión gubernamental de condonar adeudos fiscales a estados y municipios.
La decisión se dio por iniciativa del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ex director del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Los ministros de la Primera Sala votaron el miércoles a favor de reasumir su competencia originaria en el amparo 37/2013, en el que los impugnantes cuestionan la constitucionalidad del artículo 9, último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.
Esta norma sirvió como fundamento para que el Gobierno federal otorgara la condonación de adeudos a favor de las entidades federativas, Distrito Federal, municipios y organismos descentralizados de la República Mexicana por la retención del impuesto sobre la renta de sus trabajadores.
En este amparo los quejosos, entre quienes se encuentran periodistas e intelectuales, promovieron el recurso argumentado la injusticia que significa que a los particulares se les persiga por no pagar impuestos y a los órganos o dependencias de gobierno se les condone el pago.
En principio, el juez competente de origen sobreseyó el amparo, por considerar que los impugnantes carecen de interés legítimo para promoverlo.
La trascendencia del presente caso, según la propuesta aprobada, radica en que permitirá a los ministros estudiar los alcances de las sentencias de amparo que se emitan en juicios constitucionales promovidos en ejercicio de un interés legítimo.
Al respecto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) respaldó este jueves la decisión de la SCJN de reasumir la competencia para resolver dicho amparo.
La titular de la Prodecon, Diana Bernal Ladrón de Guevara, opinó que todos los ciudadanos que pagan impuestos están en su derecho de saber quién está cumpliendo con esta obligación y quién, en cambio, “se está zafando de ese pago para que así la carga tributaria a la larga recaiga sobre los que sí estamos pagando”.
Como órganos del Estado, las entidades federativas y municipios están más obligados a hacer un uso correcto y transparente de los recursos públicos, añadió.
La ombudsman de los contribuyentes confió en que la SCJN le apostará por la revelación de datos en este caso, ya que como organismos públicos, los estados y municipios están “doblemente obligados” a decir si se beneficiaron con créditos cancelados o condonados.
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Los ministros podrán interpretar la aplicación de la delimitación conceptual de dicho interés legítimo y, de ser el caso, también se podrá determinar si cualquier persona que contribuya al gasto público puede cuestionar, vía amparo, las decisiones del Congreso de la Unión en materia presupuestaria, aludiendo al incumplimiento de obligaciones constitucionales por parte de los órganos del Estado.
De la misma manera se tendrá la posibilidad de abordar el tema de la justificación y motivación de los beneficios fiscales otorgados por el Poder Legislativo Federal a otros órganos del Estado de diferentes órdenes normativos.
Asimismo, se podrá resolver en qué medida, la posible concesión de un amparo como el solicitado afecta el principio de relatividad de las sentencias, dado que al no ser los promoventes del juicio sujetos de las normas impugnadas, tampoco existe o existirá un acto concreto de aplicación en su contra.
En estas condiciones, la posible inconstitucionalidad de la norma reclamada implicaría valorar si uno de los efectos de dicha sentencia podría ser la derogación de la disposición reclamada.
