Sao Paulo espía manifestantes violentos

La policía de la ciudad más grande de Brasil quiere arrestar y encarcelar a manifestantes violentos antes del Mundial que comienza en dos semanas.

Para ello se vale de escuchas telefónicas y otros métodos de vigilancia, en un intento por evitar que enfrentamientos eclipsen el máximo torneo de futbol.

La policía junta posibles casos criminales contra un pequeño número de líderes de las protestas —tal vez una docena—, quienes conspiran para cometer actos violentos, romper cosas y agredir a personas, según el principal funcionario de seguridad del estado de Sao Paulo, Fernando Grella.

El trabajo de inteligencia no se ha completado, por lo que no está claro si los fiscales accederán a presentar cargos que resulten en los llamados "arrestos preventivos", agregó esta fuente.

La posibilidad de manifestaciones violentas es una de las mayores preocupaciones del Gobierno de Brasil y de la FIFA, el órgano que supervisa el futbol mundial, para el torneo que comienza en Sao Paulo el 12 de junio.

Los brasileños, indignados por el monto gastado para organizar el torneo, entre otros motivos, han realizado periódicas protestas durante un año.

Si bien muchos manifestantes han sido pacíficos miembros de la clase media, varias marchas resultaron en enfrentamientos con la policía y disturbios de los que funcionarios culpan a un pequeño número de estudiantes y otros jóvenes.

Brasil gastará un estimado de 11,500 millones de dólares en nuevos estadios, transporte y aeropuertos. Al tratar de justificar el derroche, los políticos prometieron que el evento traería enormes beneficios económicos y una infraestructura mejorada.

Muchos brasileños se muestran escépticos acerca de estas afirmaciones, y miles participaron en protestas callejeras y disturbios durante la Copa Confederaciones del año pasado.

Algunos dijeron que estaban molestos con el extravagante gasto en eventos deportivos, a expensas de la red de seguridad social en un país acosado por una grave desigualdad.

Un informe de Moody's Investors Service argumenta que el nuevo gasto en infraestructura asociado con el evento es pequeño para la economía de 2 billones de dólares, y que los beneficios para las empresas serán fugaces.

“Vemos poco impacto en Brasil considerando la duración limitada de la Copa del Mundo y el tamaño de la economía del país”, dijo Moody's.

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Intensa vigilancia

La "intensa operación de inteligencia" descrita por Grella es una de las más extensas ejecutadas hasta el momento por las fuerzas de seguridad brasileñas. Si bien las agencias federales también reúnen información sobre los manifestantes, no está claro si la policía en las otras 11 ciudades que serán sede del torneo también busca arrestos preventivos.

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Grella dijo que la policía había utilizado vigilancia por video y registros internos para identificar a los manifestantes más violentos y, en algunos casos, intervinieron sus teléfonos y vigilaron su uso de medios sociales y tráfico de correo electrónico.

El objetivo, afirmó, es identificar casos de violencia organizada premeditada que constituiría "asociación criminal", un cargo similar a conspiración que es típicamente usado contra grupos del crimen organizado.

Si los fiscales acceden a presentar cargos, algunos líderes de las manifestaciones podrían ser arrestados de inmediato y encarcelados por varios días, dijo el funcionario.

"Estamos haciendo un control preventivo que busca garantizar los derechos del pueblo de protestar y la libertad de expresión, y al mismo tiempo buscando canalizar estos eventos de una forma que obstaculicen la vida diaria lo menos posible y así evitar actos violentos", explicó.

Afirmó que presentar un caso contra los manifestantes era "difícil pero no imposible".

"Quisiera creer que (...) en las próximas semanas tendremos algunas órdenes de arresto", dijo.

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Dos fuentes destacadas del ministerio público de Brasil, un órgano judicial independiente que posiblemente tenga que aprobar los cargos criminales contra los manifestantes, dijeron que eran escépticos de que se pudieran presentar acusaciones de conspiración.

El Ministerio de Justicia, que supervisa a la policía a nivel nacional, no respondió de inmediato a una solicitud de declaraciones.

Con información de CNNMoney