DF y Coahuila ignoran ley al invertir en Ficrea
Los tribunales superiores de justicia del Distrito Federal (TSJDF) y de Coahuila reclaman haber sido defraudados por Ficrea cuando como entidades gubernamentales no debieron invertir en esa institución.
"Por ser (Ficrea) una Sociedad Financiera Popular (Sofipo), tiene una prohibición expresa en la ley para poder captar recursos de organismos gubernamentales, llámese Poder Judicial, municipios, Gobierno del estado, federal e incluso organismos desconcentrados o descentralizados”, señaló el vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Edgar Bonilla.
“Cómo es posible que siendo los encargados de impartir justicia ellos mismos contravengan disposiciones de carácter federal, es lo que no te explicas”, dijo Adriana Soltero, especialista en litigio del despacho Soluciones Jurídicas y quien ha asesorado a ahorradores afectados en Ficrea.
De hecho la princiipal irregularidad que la CNBV le notificó a la financiera en una visita de supervisión en 2011 fue la inversión que tenía del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. "Se le observa y se le hace que quite esa inversión. Aparentemente la quita", dijo Bonilla.
El TSJDF invirtió 110 millones de pesos (mdp), los cuales pertenecen al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, compuesto por recursos ajenos (depósitos que se hacen ante cualquier órgano dependiente del Tribunal) y por recursos propios (monto de las cauciones, pago de conmutación de sanciones, donaciones, aportaciones, venta de bienes incautados), según ha explicado el propio presidente del organismo público, Edgar Elías Azar.
Por su parte, el Poder Judicial de Coahuila, a cargo de Gregorio Alberto Pérez Mata, invirtió cerca de 90 mdp del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, que está compuesto de similar manera al del Tribunal capitalino.
Los recursos que integran a estos fondos no pertenecen a las partidas presupuestales, aclara el Poder Judicial del DF y el reglamento estatal de Coahuila en su sitio en Internet.
Al liquidar Ficrea, los ahorradores tienen un seguro de depósito que les garantiza un pago de hasta 131,000 pesos (25,000 UDIS), lo que cubrirá a 42% de los clientes, según informó la CNBV.
¿Quién decidió invertir?
La decisión de hacer estas operaciones recayó en los presidentes de los Tribunales, los miembros del Consejo de la Judicatura y profesionistas especializados en Fiananzas o Administración. Ficrea ofrecía tasas de hasta 10%.
“Cualquier tesorero, cualquier director de finanzas o secretario de finanzas de Coahuila o del Distrito Federal debió haber entendido que no es una tasa de interés acorde al promedio del mercado. Es obvio que algo no checa”, dijo el profesor de la Universidad Panamericana, Carlos Alberto Martínez.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) prevé pedir cuentas al Tribunal capitalino sobre este caso la próxima semana.
“La próxima semana va a ser tema de debate si se instaura una comisión para ver el asunto en concreto del TSJDF”, comentó en entrevista la vicepresidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la ALDF, Olivia Garza de los Santos.
“Nunca debió de haber invertido en Ficrea, debió de haber invertido en una institución bancaria, como siempre se ha hecho”.
Los legisladores no descartan que exista más organismos públicos que hayan invertido dinero en esta Sofipo.
El TSJDF comentó a CNNExpansión que no realizarían más comentarios sobre el caso, mientras que un representante del Tribunal de Coahuila no estuvo disponible al momento.
“El dinero es público, no lo debieron haber hecho, incluso si lo hicieron a través de un fideicomiso”, señaló en entrevista el diputado perredista Fernando Belaunzarán. “Tenemos que saber el procedimiento para saber cómo hicieron la maña”, dijo el legislador quien se reunió el pasado martes 13 de diciembre con los ahorradores defraudados.
Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de la Sofipo, tiene una orden de aprehensión en su contra.
El senador del Partido Acción Nacional (PAN) Javier Lozano propuso la creación de un grupo de trabajo para abordar el tema, “porque no solamente estamos hablando de una imprudencia, sino quizás de una ilegalidad”, publicó en un comunicado el Congreso.
Problema de origen
Los expertos consultados señalaron que el principal problema para la regulación de las Sofipos es la propia Ley de Ahorro y Crédito Popular, pues imposibilita ordenar a estas sociedades, y desde su creación en 2000 ha sufrido más de 11 cambios.
“Como es difícil la supervisión de estas cajas y Sofipos (…) se optó por la supervisión de Federaciones y Confederaciones, como una autosupervisión, siempre con la prerrogativa de que la CNBV las vigile, pero a discreción”, dijo el académico de la Univeridad Panamericana Carlos Alberto Martínez.
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