OCDE presenta plan contra elusión fiscal de multinacionales
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) presentó un plan de acción para eliminar vacíos jurídicos que actualmente permiten a las multinacionales evitar los impuestos en los países donde operan.
"Se les terminó el recreo", dijo este lunes a la AFP el director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, Pascal Saint-Amans.
La iniciativa surge tras años de polémicas sobre los impuestos ínfimos que pagan empresas como McDonald's, Starbucks o Google, gracias a las divergencias de legislaciones nacionales y a argucias contables que permiten reducir al mínimo el nivel de presión impositiva o incluso transferir beneficios a paraísos fiscales.
Saint-Amans asegura que esta "optimización fiscal" sustrae a los erarios públicos de 100,000 a 240,000 millones de dólares (mdd) al año, o de un 4% a un 10% de los impuestos corporativos.
El proyecto Erosión de la Base Imponible y la Transferencia de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), contempla 15 acciones entre las que incluye nuevos estándares mínimos que establecen requisitos sobre:
Los informes país por país. Por primera vez brindarán a las administraciones tributarias una visión global de las operaciones de las empresas multinacionales .
Prevención al abuso de los tratados. Es lo que se conoce como treaty shopping, para erradicar el uso de sociedades canalizadoras de inversiones (tipo conduit).
Limitación a prácticas tributarias perniciosas. Principalmente en el ámbito de la propiedad intelectual y mediante el intercambio automático de ciertas determinaciones o acuerdos entre la administración y el contribuyente (tax rulings).
Procedimientos de acuerdo mutuo efectivos. Estos, con el fin de garantizar que la lucha contra la doble no imposición (o desimposición) no genere situaciones de doble imposición.
La implementación del paquete BEPS deberá realizarse mediante modificaciones a la normas de derecho interno, incluyendo las de Compañías Foráneas Controladas (CFC).
Cerca de 90 países unieron esfuerzos para desarrollar un instrumento multilateral capaz de incorporar las medidas del paquete BEPS a la red de convenios bilaterales en vigor, de acuerdo con información de la OCDE .
La aprobación de las medidas pasó por una consulta de dos años en la que participaron los países miembros de la organización -entre ellos México-, del G20 y países en desarrollo, así como otras partes interesadas pertenecientes a la comunidad empresarial, organizaciones de trabajadores, círculos académicos y organizaciones de la sociedad civil.
“El proyecto BEPS ha demostrado que todas las partes interesadas pueden aunar esfuerzos para el cambio. La rápida implementación por parte de los gobiernos asegurará un entorno fiscal internacional con mayor certeza y sostenibilidad para el beneficio de todos, no de unos pocos”, dijo el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurria.
Cash boxes, bajo la lupa
El paquete BEPS analizará las directrices relativas a la aplicación de las normas de precios de transferencia encaminadas a impedir que los contribuyentes recurran a ciertas entidades, como son las denominadas cash boxes, establecidas en países de baja o nula tributación , y que sirven para evitar impuestos sobre sus beneficios
También redefine el concepto clave de Establecimiento Permanente (EP), para poner fin al uso de acuerdos que impiden determinar la existencia de una presencia fiscalmente imponible en un determinado país por remitirse a una definición obsoleta.
¿Cuándo se firmaría?
Las medidas de esta primera reforma a normas fiscales internacionales en casi un siglo podrán ser firmadas en 2016, pero aún debe ser convalidada por el G20 de potencias industrializadas y emergentes a nivel de ministros de Finanzas, que se reunirá el 8 de octubre en Lima, Perú.
A nivel de jefes de estado y de Gobierno se discutirá el 15 y 16 de noviembre, en la cumbre anual del G20 en Antalya, Turquía.
Posteriormente habrá un enfoque hacia el diseño y la puesta en marcha de un marco inclusivo para el monitoreo de BEPS y el apoyo en la implementación de las medidas, en el que todos los países y jurisdicciones interesadas participarán en igualdad de condiciones.
Con información de AFP
