Francia advierte de posible atentado con "armas químicas"
Francia advirtió este jueves del "riesgo" de un atentado con "armas químicas o bacteriológicas", cuando los diputados se disponían a aprobar la prolongación del estado de emergencia por tres meses, seis días después de la matanza de París.
"No hay que excluir nada. Lo digo por supuesto con todas las precauciones que se imponen, pero lo sabemos y lo tenemos en mente. Puede haber riesgo de armas químicas o bacteriológicas", dijo el primer ministro Manuel Valls, al presentar el proyecto de ley sobre el estado de emergencia aprobado por la Asamblea Nacional este jueves y el Senado este viernes.
El gobierno francés autorizó el sábado a la Farmacia de las Fuerzas Armadas la distribución de un antídoto contra las armas bacteriológicas a los servicios de urgencia civiles en todo el territorio.
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Este proyecto de ley "es la respuesta rápida de una democracia frente a la barbarie (...) frente a una ideología del caos", dijo. "Estamos en guerra" .
Entre las medidas adicionales anunciadas por Valls figura también la creación de un nuevo centro juvenil de desradicalización, destinado principalmente a los "arrepentidos". Los pondremos "a prueba para medir su voluntad de reinserción", explicó Valls.
Los yihadistas de regreso de Siria o de Iraq no tendrán cabida en él. "Su lugar está en la cárcel", aseguró en su discurso.
Valls quiere además acelerar la adopción del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR, por sus siglas en inglés), un fichero centralizado que permite controlar las entradas y salidas de los viajeros en el territorio europeo, considerado indispensable para combatir la amenaza yihadista.
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Esta medida, reclamada también por Estados Unidos, está bloqueada en el Parlamento Europeo, que busca un equilibrio entre la protección de la vida privada y la lucha contra el terrorismo.
La dirección de la policía anunció por su parte que los agentes podrán ir armados fuera de las horas de servicio, de forma voluntaria e informando a su jerarquía.
El gobierno francés prevé que las medidas anunciadas por el presidente François Hollande para reforzar la seguridad después de los atentados, que causaron 129 muertos y más de 350 heridos, costarán al Estado 600 millones de euros.
