El proceso para extraditar al ‘Chapo’ durará “hasta 5 años”
El proceso para extraditar a Joaquín Guzmán Loera podría durar hasta cinco años, dijo este lunes la procuradora general de la República Arely Gómez, que indicó que las autoridades trabajan para que el narcotraficante mexicano sea llevado a Estados Unidos en menos tiempo.
"El término promedio sería un año pero sí podría llegar hasta cinco", dijo Gómez en una entrevista con RadioFórmula este lunes.
El proceso de extradición del narcotraficante dio inicio oficialmente cuando el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal notificó a Joaquín Guzmán Loera de la solicitud de extradición internacional por Estados Unidos, para que el capo cumpla su condena en territorio estadounidense, informaron a través de un comunicado la Procuraduría General de la República (PGR) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En estos procesos se acusa al 'Chapo' Guzmán de asociación delictuosa para importar y poseer cocaína con la intención de distribuir, de acuerdo a las leyes penales de Estados Unidos; por ello el 4 de agosto de 1995 la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, libró una orden de aprehensión en su contra, refiere el comunicado del Consejo de la Judicatura Federal.
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Ahora, los abogados de Guzmán Loera contarán con tres días para interponer las excepciones que bloqueen su posible entrega a las autoridades de Estados Unidos, y 20 días para demostrarlas. De lo contrario, la orden irá a manos de un juez, quien deberá deliberar si el recurso penal procede o no, detalla el comunicado del CJF.
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Una vez que esto se determine, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) deberá iniciar el proceso de extradición, mismo que podrá ser bloqueado por la defensa de Guzmán Loera mediante un nuevo juicio de amparo.
El capo mexicano, recapturado la madrugada del viernes en Los Mochis, Sinaloa, al occidente de México, cuenta con dos órdenes de extradición a Estados Unido s. Una, emitida en julio, por parte de la justicia de California, y otra, que fue aprobada en septiembre, proveniente del gobierno de Texas.
