Cuatro estados amenazan con salirse del Pacto Fiscal, ¿es posible?

“Lo que se reclama es propiedad de la federación, es un pacto fiscal en el cual se estipula cómo se van a distribuir los ingresos que de acuerdo a la constitución son propiedad de la federación, pero a través de la coordinación con los estados se definen las reglas para su distribución, todos estos recursos se van a una bolsa común y son redistribuidos”, explicó Kristobal Meléndez, integrante del centro de investigación Mejoramiento de la Calidad Democrática Internacional (Mecademi).

El pacto fiscal, o bien llamada Ley de Coordinación Fiscal, se consolidó entre los años 1978 y 1989. Tras una reforma en 2007 se modificaron fórmulas para la distribución de los ingresos en proporción a las necesidades de las entidades; población, niveles de pobreza, desarrollo social, el PIB, y en menor proporción al nivel de recaudación.

Los expertos señalaron que esta controversia no es nueva, pero que se reavivó por la pandemia del Covid-19. Estos estados “ricos”, donde se recauda una buena proporción de los impuestos federales, piden una revisión al pacto para que los recursos federales sean redistribuidos en proporción a los impuestos que recaudan, explicó Carlos Cárdenas, académico de la Universidad Iberoamericana en Puebla y ex presidente del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

“Estos ingresos no son estatales, los estados quieren esos recursos, pero difícilmente van a obtener más saliéndose del pacto fiscal, si se salen no tienen acceso a los ingresos petroleros; el ISR e IVA son propiedad de la federación. Es más lo que aporta la federación, que los recursos de los estados. Hay una dependencia importante a estos recursos”, agregó el investigador del Mecademi.

Si los estados dejaran el pacto, sin lograr quedarse con estos recursos, para obtener ingresos tendrían que comenzar a trabajar en la generación y recaudación de impuestos locales. Uno de los propósitos de la reforma de 2007 fue impulsar la recaudación local, pero no sucedió.

Un informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) refiere que 80.8% de los ingresos de los estados son por transferencias federales, lo que implica una fuerte dependencia de estos recursos. Coahuila recauda el 2.2% de todos los impuestos locales que se cobran en los estados; Jalisco el 3.1%; Tamaulipas el 1.7% y Nuevo León 7.0%.

En promedio, Coahuila recauda el 1.3% de todos los impuestos tributarios del país, recibe el 2.4% de las participaciones y el 2.2% de las aportaciones. Jalisco recauda el 3.1% y obtiene el 6.4% y el 5.0%, respectivamente; Tamaulipas recauda el 7.7% de ingresos tributarios, pero sólo tiene el 2.8% de las participaciones y el 3.0% de las aportaciones.

En tanto Nuevo León, que genera el 8.5% recibe el 4.6% y 4.1%, respectivamente. Estados del sur como Oaxaca generan el 0.2%, y recibe el 2.6 y 4.9%, respectivamente. Chiapas genera el 0.3% de los ingresos, y recibe el 3.9% de las participaciones y 6.1% de las aportaciones.

Difícil camino político

Adicionalmente, el proceso político para lograr modificaciones o la salida de estos estados se observa difícil, pues la mayoría de los estados se ven beneficiados por esta redistribución de los ingresos, por lo que no aceptarían cambios que les perjudicaran, comentó Cárdenas.

Meléndez comentó que para estos cambios se necesitaría de una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, la cual requeriría de la aprobación de la Cámara de Diputados, situación que se ve inviable, por los legisladores de los estados que se ven beneficiados de este modelo.

“La distribución de la Recaudación Federal Participable es suma cero, es decir, si un estado gana más recursos con un cambio, otro estado estaría perdiendo por ese mismo monto; si NL, Jalisco, Tamaulipas y Coahuila quieren más recursos implicaría que estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero estarían perdiendo recursos”, comentó Meléndez.