Esto ayudaría a aumentar la recaudación de impuestos que mayormente van a atender las necesidades de la población en general, agregó durante su participación en el Foro Defraudación Fiscal organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y la Universidad Panamericana (UP).
Romero Aranda dijo que en semanas pasadas se develaron casos de empresas que pagaron sus adeudos al fisco, g racias a que la Procuraduría Fiscal presentó querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra empresas que se negaron a pagar sus adeudos fiscales en un primer momento.
“En la querella se hicieron valer conceptos, que de cierta manera son novedosos, en cuanto a cómo se venía manejando la política fiscal, porque usualmente en las querellas, se presentaban como responsables de los delitos fiscales a la persona que cometía el delito, es decir a quien tenía la firma y al consejo de administración, el que no verificó que no se cumplía con las obligaciones fiscales”, detalló el funcionario.
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Ahora en este ejercicio, la Procuraduría presentó querellas en contra quien tiene la firma electrónica, el consejo de administración y la persona moral: “hicimos valer la responsabilidad penal de las personas morales, porque si al final de cuentas se obtiene una sentencia condenatoria se puede dar lugar al aseguramiento de la persona moral, si es un negocio en marcha, se ponía en riesgo el propio negocio”, comentó
Detalló que también, en algunos casos, se presentaron querellas contra abogados y contadores que asesoraron este tipo de planeaciones fiscales.
“Presentamos querellas en términos del artículo 95, fracción novena del Código Fiscal Federal contra el abogado, contador o asesor en esta planeación fiscal, estamos abarcando estos dos temas contra los consejos de administración, contra quien tiene firma electrónica, contra la persona moral, e incluso contra el abogado o contador que asesoró en esta operación”, señaló.
Este martes, el gobierno federal anunció una serie de demandas en contra de empresas emisoras de facturas falsas por cometer presunta defraudación fiscal por 55,000 millones pesos en 2017.
El procurador informó que como primeras acciones ya se tienen 7 querellas contra factureras, y que la defraudación fiscal (venta de facturas) se equipara a delincuencia organizada. Detalló que los delitos de defraudación fiscal conllevan hasta 9 años de prisión, mientras que delitos contra la seguridad llevan a prisión formal hasta 3 años.
