La complejidad de esta investigación radicó en esa cantidad de información para evaluar y puso sobre la mesa la relevancia de contar con un organismo autónomo para este tipo de indagaciones, dice Palacios. Andrés Manuel López Obrador ha criticado en numerosas ocasiones el "costo" de los reguladores autónomos, como la Cofece, y está proponiendo su desaparición y su integración dentro del gobierno.
"Si estuviéramos en un juego político, lo más fácil sería decir: 'Pongo una multa grande para que vean que somos importantes y nos necesitan'. Pero no quieres a una autoridad de competencia que esté jugando a esos juegos. Al contrario, lo que necesitas es autonomía", asegura.
Se ha criticado que la multa impuesta fue mínima. ¿Por qué las diferencias de las sanciones en México en comparación con Estados Unidos, por ejemplo?
En Estados Unidos el sistema es distinto porque el fiscal anticompetencia es una persona del Departamento de Justicia. Mi contraparte en ese país es un segundo a bordo del fiscal general, y ahí lo que hacen es negociar con las empresas.
Aquí no se negocian multas. Los agentes buscan encontrar debilidades en nuestros procesos para después impugnar en el poder judicial, y por eso tenemos que ser más conservadores. Queremos que las sanciones queden firmes.
Tampoco podemos poner multas multimillonarias, tienen que ser proporcionales (a la mala práctica), tiene que quedar firme, porque lo que nos importa es nuestra credibilidad y que no haya reincidencias. La ley anterior permite que los montos de las multas sean inferiores, pero se multa en función de la evidencia que se tiene, y revisamos miles de chats.
Este fue un caso conservador. Los acuerdos se daban a través de conversaciones en las que tuviéramos, con amplia certeza, evidencia de que hubo un acuerdo para manipular los precios de los bonos y una consecuencia en el valor de esa transacción. No hubo una afectación al valor de los bonos del gobierno en general, sino afectaciones puntuales en ciertas transacciones. Para esas transacciones puntuales, sí hubo afectaciones de precios, y esas son las que sancionamos.
Como autoridad, tú no puedes poner las multas que se te antojen, tendrían que pasar por el tamiz del poder judicial, y uno de los principios básicos de la imposición de multas es el tema de la proporcionalidad.
Santander ha dicho que impugnará la decisión, ¿puede librar la multa?
Yo creo que no, porque hemos sido muy conservadores en el sentido de lo que estamos sancionando, y son acuerdos con evidencia clara de colusión, y también hay evidencia de que estos acuerdos tuvieron impacto en transacciones puntuales. Lo que hay en el expediente son esos chats en donde se ponen de acuerdo y tienen como consecuencia el efecto de la manipulación en el precio de un valor gubernamental.
