Lo peor de la pandemia del COVID parece haber quedado atrás; sin embargo, los estragos que deja en la economía mexicana son visibles y en su mayoría negativos, porque se requerirán varios años de trabajo para quedar totalmente resueltos.
Uno de los sectores más afectados es el mercado laboral, el cual se ve impedido para admitir a los cerca de 2.5 millones jóvenes que cada año egresan de las universidades y escuelas técnicas y que desean insertarse en la economía formal.
El empleo nacional debería registrar ese crecimiento, pero la realidad es muy distinta: el año pasado se dieron de alta 846,416 puestos de trabajo ante el Seguro Social; sin embargo, esta cifra y la de periodos anteriores no son representativas porque no necesariamente implican la creación de nuevas plazas.
“El seguro social es una variable totalmente diferente al empleo, porque estas cifras son de afiliación. Es como la membresía de un club en la que nos dicen cuántos miembros nuevos hay, pero no es empleo porque muchos de los nuevos empleados están en la informalidad y muchos de los nuevos afiliados al seguro social tampoco son nuevos empleos”, considera en entrevista Luis Foncerrada, economista en jefe de American Chamber of Commerce de México (AmCham).
El economista comenta que en el país existen tres grupos de personas que requieren empleo: los desocupados que buscan activamente un puesto de trabajo; los que no tienen empleo y no lo buscan, y los subempleados, es decir, quienes solo laboran pocas horas a la semana, pero que podrían hacerlo por más tiempo.
Del lado de los desempleados que no están buscando trabajo, no es necesariamente que no quieran ocuparse, puede que ya hayan buscado un puesto, pero las condiciones que les ofrecen son muy malas con bajos salarios o nulas prestaciones.
Datos de la Encuesta Nacional de Egresados 2021 (ENE) indican que 43% de los egresados universitarios en el país obtuvieron un salario de entre 3,000 y 8,000 pesos mensuales en su primer empleo, montos 3% más bajos que los registrados en 2020. El 44.9% de los egresados dijo haber carecido de prestaciones.
Alberto González, jefe de la unidad de México y Costa Rica en el Departamento de Economía de la OCDE, comenta en entrevista que la educación, el combate a la informalidad laboral y la inversión son los tres grandes retos internos que enfrenta el país para los siguientes años.
“Vemos que hay necesidades de gasto público crecientes: en inversión pública, en educación, salud y creemos que la manera de responder a esas necesidades es incrementar los ingresos tributarios. Y para México vemos que hay espacio para hacerlo ampliando las bases tributarias. No creemos que sea necesario incrementar los tipos impositivos, pero sí se puede recaudar más reduciendo las exenciones fiscales y reforzar impuestos como el predial y la tenencia”, asegura.
Pese a que hay cerca de 17 millones de personas sin empleo, de acuerdo con datos del Inegi, también existe un factor que impide su rápida incorporación al mercado laboral y tiene que ver con la educación.
El gobierno mexicano ha reducido el presupuesto a la educación pública y a la investigación en los últimos años, lo que ha provocado la suspensión de programas y capacitaciones que a su vez provocan merman la creación de talento.
“No estamos generando ni los técnicos, ni estamos dando la capacitación técnica que se requiere. La calidad de las universidades deja muchísimo que desear porque se han reducido los recursos, así que uno de los grandes problemas para el empleo y la calidad de vida de la gente sin duda es la educación”, destaca Foncerrada.
Además, el número de personas que labora en el país y que obtiene ingresos inferiores a lo que cuesta la canasta básica alimentaria (1,212 pesos al mes) es decir que padece pobreza laboral, pasó de 37.3% en febrero de 2020 a 44.5% en septiembre, indican cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Los especialistas consideran que es necesario que la iniciativa privada también sea más activa, sobre todo aquellas que tienen algún distintivo de responsabilidad social.
“El sector privado ha financiado muchas universidades. Ciertamente no es su responsabilidad; sin embargo, creo que las empresas con responsabilidad social deberían ser más participativas en los procesos de educación”, apunta el especialista de AmCham.
Agrega que uno de los problemas es que el gobierno no ha invertido lo suficiente y por consiguiente la iniciativa privada no ha desembolsado recursos.
“Si no hay inversión pública es muy difícil que se dé también la privada porque la inversión pública significa comunicaciones carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas y fibra óptica, y eso permite incrementar la productividad de todo el país”, destaca.
Además, la inversión privada también se consigue con reglas claras de parte del gobierno y el respeto a los acuerdos.
El economista de la AmCham aclara que existen oportunidades para reactivar la economía y generar más empleos.
“Podemos aprovechar algo de tecnología o de capital, pero no para seguir exportando mano de obra barata sino para exportar cada día más tecnología y productos con mayor valor agregado, ahí es donde debemos buscar tener más talento y más inversión en manufacturas más sofisticadas”, afirma.
“Requeriríamos 10 o 15 años para lograr niveles suficientes; el problema es la calidad de vida de nuestra gente, que si nos atrasamos más en no tener certeza jurídica, en no tener inversión, los pobres se van a seguir incrementando y los salarios se van a seguir deteriorando”, señala.
