Más de 1 millón de pymes han cerrado sus negocios por la pandemia en México. Se han perdido millones de empleos y han crecido la informalidad y la pobreza. En respuesta, el sector público y privado han celebrado cientos de foros y conferencias bajo una premisa en la que todos parecen estar de acuerdo: es el momento de repensar el sistema para hacerlo más inclusivo y que beneficie a más personas. Pero más allá de estas bonitas palabras y de repetir los clichés de siempre —como aquello de que "una crisis también es una oportunidad"—, ¿cómo se puede dar el siguiente paso y hacerlo realidad?
Una de las vías es obvia: con leyes. Es lo que proponen diversas organizaciones civiles que están impulsando la aprobación en el país de una ley de emprendimiento social que impulse a los negocios que tienen un impacto positivo en el medioambiente y en las personas. Este mes, representantes de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), Sistema B México, la Alianza por la Inversión de Impacto e Impact Hub se reunieron con la Secretaría de Economía para promover este nuevo marco legal.
"Parte de lo que se discutió es cuáles son los retos que existen en México para poder presentar una propuesta de ley y reglamentaciones relacionadas con las empresas sociales", cuenta Mario Romero, director del Impact Hub en la Ciudad de México, una organización global que trabaja para impulsar el emprendimiento y la innovación con enfoque social.
