El énfasis en la captación de capital privado se ha dado, por una parte, derivado del enfoque austero del gobierno federal, por el que no hay tanto presupuesto para realizar obras públicas, pero también para potenciar las sinergias que la Ley Federal de Puertos empuja a crear con las empresas, explica Fernando Bustamante, director general de la Dirección General de Puertos.
“A través de inversiones básicas que hace el gobierno, llegan los cesionarios y pueden hacer sus proyectos”, indica en entrevista, y apunta a que el objetivo es que el sector pase de una participación de 0.1% en el Producto Interno Bruto a 0.5% para 2024.
La infraestructura es básica para el movimiento de carga marítima, que concentra 31% de las toneladas totales transportadas, pero que busca aumentar esta proporción hasta 38% en los próximos cinco años a través de una inversión de 249,114 millones de pesos.
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La inversión pública contempla 215 proyectos con 50,578 millones de pesos (de recursos propios y fiscales) mientras que la privada prevé concretar 122 proyectos, en ambos casos dentro y fuera de los recintos portuarios.
Entre estos, hay tres que correrán a cargo de la administración y que se consideran prioritarios. El primero es el de Puerto Manzanillo, en Colima, en donde se busca la ampliación de la Laguna de Cuyutlán con cuatro nuevas terminales.