Criterio de despacho
En la última reforma a la Ley de Industria Eléctrica, el ejecutivo incluyó un cambio en la manera en que se toma la electricidad producida en las plantas eléctricas de la estatal CFE y los privados. Hasta ahora, se utiliza el criterio económico, que implica que las centrales con un menor costo de generación se utilizarán primero.
Así, se da prioridad a las centrales eólicas y solares y se deja al final de la fila a las que producen con carbón, combustóleo o diesel, que representan costos más altos.
Pero el ejecutivo ha propuesto un nuevo orden, en el que las centrales hidroeléctricas estarán en primer término, seguido de todas las plantas propiedad de la CFE, las centrales eólica y solares, y las plantas de gas propiedad de los privados.
Este cambio, el que más ha preocupado a la industria, daría prioridad a las energías fósiles, pues la mayoría de las centrales propiedad de CFE funcionan con estos combustibles.
Menos permisos a privados y los contratos a revisión
La última reforma, hasta ahora parada, también incluye la revisión de los contratos otorgados durante las últimas administraciones a los productores independientes y los permisos de autoabasto, una figura que es principalmente utilizada por los grandes consumidores industriales, a los que el presidente ha acusado de generar pérdidas a la compañía estatal.
Este punto permitiría a la administración federal cancelar aquellos permisos y contratos que considere que no representan beneficios para el Estado.
La política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional, publicada por la Secretaría de Energía en mayo del año pasado, daba al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) la posibilidad de cancelar nuevos permisos de interconexión, si es que la dependencia dirigida por Rocío Nahle considera que la zona está saturada.
Alinear a los reguladores
El ejecutivo ha hecho distintos intentos por regresar a la rectoría del Estado a los reguladores del mercado eléctrico, principalmente a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que tiene mayor incidencia en las actividades de generación eléctrica. Y ahora, la nueva reforma, podría incluir un cambio para el regulador.
