La industria de gas licuado de petróleo (LP) se ha convertido en el último motivo de disputa entre el gobierno federal y el sector privado. Un aumento continúo en el precio del combustible ha llevado a la administración del presidente López Obrador ha modificar la dinámica del sector.
Estos son los puntos clave para entender el conflicto que corre alrededor de la venta de uno de los energéticos más utilizados en el país.
El gas licuado es uno de los combustibles que más ha subido su precio en los últimos meses. El energético acumula un alza interanual de 29.5%.
En la primera semana de junio, se vendió en promedio en 12.94 pesos por litro, en el mismo periodo de 2020 el precio era de 9.99 pesos por litro. En lo que va del año, el gas licuado también acumula un alza de 10.69%. En enero de este año se vendía en 11,69 pesos por litro, de acuerdo con los registros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, culpa a un grupo de compañías que acumulan más del 50% del mercado nacional de distribución y expendio de gas LP de pactar un aumento de precios. Mientras que los especialistas del sector aseguran que las alzas son resultado de un aumento en el precio internacional del energético, que a su vez es consecuencia de varios factores: un efecto retrasado de la baja de producción durante el momento más álgido de la pandemia, un crecimiento de la demanda industrial de petroquímicos –principalmente de Asia– y una recuperación en las principales actividades económicas.
López Obrador ha admitido que, en el caso del gas LP, no ha podido cumplir una de sus mayores promesas, que se basaba en no aumentar el precio de los principales combustibles por encima de la inflación.
El segmento de gas LP fue el último en liberalizarse tras la reforma energética del sexenio pasado. Hasta antes del cambio legislativo, las empresas privadas ya participaban en el mercado de distribución de gas licuado, pero la reforma modificó algunas dinámicas importantes.
Comenzó en 2016 con una apertura al sector privado para importar el combustible, que no se produce de forma sufienciente en el país, y finalizó en enero de 2017 con la liberalización del precio del energético. Hasta ese momento, los precios del gas eran determinados por el gobierno federal, que dividía al país en 145 regiones para fijar un precio máximo.
Tras varios intentos en administraciones pasadas, en el sexenio pasado se liberó el precio, de manera que ahora los participantes de los eslabones de la cadena podrían fijar las tarifas, que se basaban principalmente en los índices internacionales.
En un estudio de 2018, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) encontró que hasta ese momento no se había registrado una baja en el precio del energético.
Unas semanas después de admitir que no había podido cumplir su promesa de que no aumentase considerablemente el precio del gas LP, López Obrador anunció la creación de Gas Bienestar, una filial de la estatal Pemex.
En palabras del presidente, esta nueva estatal traerá más competencia al mercado de distribución de gas, lo que podría funcionar como un mecanismo para obligar a otros participantes a reducir sus tarifas de venta al público.
La administración federal ya ha comenzado a reclutar a personal para trabajar en la nueva compañía estatal , pero hasta ahora no ha revelado muchos detalles del plan de negocios, ni de la operación de la nueva filial de Pemex, como el monto que se destinará a inversión o de dónde provendrán los recursos para su financiamiento.
Especialistas del sector consultados por Expansión han asegurado que Pemex no tiene experiencia en el mercado de ventas al público y auguran nuevas pérdidas para la estatal, que acumula una deuda de 115,000 millones de dólares al cierre del semestre pasado.
Con el anuncio de la creación de Gas Bienestar, el presidente anunció que también impondría precios máximos para la venta del combustible. Así, la semana pasada, la Secretaría de Energía publicó una directriz de emergencia para pedir al regulador del sector, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) diseñar una metodología para fijar precios topes a la venta del gas. La petición incluía un plazo no mayor a tres días para la publicación de esta.
Dos días después, y con un proceso fast track ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CRE votó por unanimidad y publicó un proyecto de metodología para fijar precios máximos en el país, que comenzaron a ser publicados el sábado pasado.
Los precios se fijarán con base en 145 regiones –como antes de la liberalización de los precios–, se actualizarán de manera semanal, se publicarán todos los sábados y entrarán en vigencia un día después.
Con la primera publicación, el gobierno federal topó el precio del combustible un 10% debajo del registrado en junio pasado. El tope implica que ninguno de los distribuidores pueda vender el energético por encima de los precios decretados por la administración.
El gremio de gaseros ha llamado a sus trabajadores a un paro indefinido ante el tope de tarifas de la CRE. “No se cuenta con las condiciones operativas necesarias ante esta directriz de emergencia para el bienestar del consumidor”, ha dicho el gremio en un comunicado.
Algunas organizaciones, como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP, se han deslindado de los paros de empleados gaseros en la Ciudad de México y el Estado de México.
El presidente López Obrador ha explicado esta mañana que analiza presentar denuncias contra quienes están realizando paro. Esta mañana también estaba programada una reunión entre el sector, el gobierno de la Ciudad de México y las principales representantes de la Secretaría de Energía y Pemex.
La posible colusión entre participantes del sector ha sido observada desde anteriores administraciones, pero ninguna ha logrado probar la falta de condiciones de competencia en el sector ni regular el mercado.
La Comisión Federal de Competencia, el organismo antimonopolios, tiene en su tintero tres investigaciones que tienen como finalidad concluir si existe una colusión entre las empresas participantes del mercado.
La Comisión Reguladora de Energía denunció en dos ocasiones, en 2017 y 2018, la posible comisión de prácticas anticompetitivas entre participantes del mercado, tras identificar que algunas compañías fijaban precios de manera sistemática. Tras ello, el ente antimonopolios comenzó dos investigaciones y el 31 de mayo pasado anunció una última indagatoria, con la cual pretende determinar si existen condiciones de competencia en la distribución de gas LP.
Los fallos de Cofece representarían la primera resolución gubernamental que identificaría una posible colusión entre los principales participantes del sector y la manera en que operan el mercado.
