¿Qué son los ‘autos chocolate’?
Durante la primera década del 2000 se conformó en el país un parque de vehículos, con placas de Estados Unidos, propiedad de migrantes mexicanos que los habían internado a México sin realizar los trámites de importación legal correspondientes. A estos autos, que en su mayoría circulaban en estados fronterizos, así como en Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Jalisco, se les dio el nombre de 'autos chocolate'.
Esto, al principio, no fue un problema para la industria automotriz. Pero, en 2005, el entonces presidente Vicente Fox aprobó un decreto que establecía las condiciones para la importación definitiva, y ya no temporal, de vehículos usados de Estados Unidos. Ese año, la importación de estos modelos se disparó a 776,077 unidades, una cifra equivalente al 70% de las ventas de vehículos nuevos, que en 2005 ascendieron a 1.13 millones de unidades, según datos de la AMDA.
En 2008, la cantidad de vehículos usados importados superó las ventas de autos nuevos.
Para regular las crecientes importaciones, que mermaban los ingresos de los fabricantes y distribuidores, la industria automotriz solicitó al gobierno de Felipe Calderón regular la importación de los llamados 'autos chocolate'. Así surgió el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, que el presidente en turno debía renovar cada año.
Pese al Decreto, la importación de autos usados importados no bajó: se hacía mediante la "renta de amparos", que contrarrestaban las disposiciones del Decreto, otorgados a un puñado de personas mediante la creación de empresas fachada.
En 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puso nuevos candados a la importación de autos usados, solicitando la factura original y un certificado de emisiones. Ese año la importación se redujo 30%, hasta las 455,372 unidades, comparado con 2013. Esta cifra fue equivalente al 40% de las ventas de autos nuevos de 2014, según datos de AMDA.
En lo que va del año, los autos usados importados de forma legal –bajo las condiciones del Decreto–, representaron 15% de las ventas de autos nuevos.
Pero durante este tiempo también han continuado entrando vehículos de forma ilegal –la AMDA estima que hay un parque de 1.5 millones de vehículos que no cumplen con las condiciones de este Decreto–, es decir, sin permiso previo de importación, sin pago de impuestos, sin certificado ambiental y sin factura.
La legalización de estos modelos que circulan por las calles con placas estadounidenses se había vuelto una eterna promesa de campaña electoral, principalmente en los estados fronterizos, que es en donde se concentra el mayor porcentaje de estos vehículos.
Pero las alertas se encendieron cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 16 de octubre firmará otro Decreto para legalizar estos modelos importados mediante el pago de derechos. Según los cálculos de la Cámara de Diputados, la regularización de estos modelos podría generar 50,000 millones de pesos en pago de impuestos.
Los distribuidores aseguran que estas cifras están “infladas” y que la medida generará un impacto negativo en la recaudación de impuestos y en la generación de empleos en la cadena automotriz. “Esto representará un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades y será un golpe al comercio automotor formal que genera empleo e impuestos, el cual aún enfrenta las repercusiones por la pandemia del Covid-19 y la crisis de los semiconductores”, dijo la AMDA en un comunicado.
