Firmas invaden Amazonas y pegan al clima

Por 40 años, Edimar Bentes y su familia habían vivido de cultivar pequeños claros en la selva cerca de su choza en el estado de Pará, en la Amazonia brasileña.

Esta tarde, el campesino de 56 años se acuclilla bajo la lluvia y hunde un vaso en lo que hace apenas cuatro años era un riachuelo cristalino que daba agua para beber y bañarse. Bentes arruga el ceño según el vaso se va llenando de un sedimento pardo. Hombre delgado, con profundos surcos en la frente bronceada, Bentes recorre con la vista su terreno. No hay señas de los venados, armadillos y pacas que cazaba para alimentar a su esposa y 10 hijos.

Para él y miles de campesinos en la región de Juruti de Pará cuyo sustento depende de la fauna y la flora, todo cambió en 2006. Fue cuando Alcoa, el segundo productor mundial de aluminio primario, empezó a despejar un tramo de 56 kilómetros de selva tropical a través de las propiedades de cientos de familias, para construir un ferrocarril. Este corredor de 100 metros de ancho conducirá a una mina que devorará 10,500 hectáreas de selva virgen en 30 años. Más de la mitad de la mina se encontrará dentro de una selva que, conforme a las leyes federales de Brasil, debe preservarse indemne a perpetuidad para beneficio de los lugareños.

Por su lado, Alcoa dice que para fines de este año, el ferrocarril transportará de la mina a un puerto en el río Amazonas unas 7,000 toneladas diarias de bauxita, el mineral rojo oscuro que se usa para hacer aluminio.

Una serie de pruebas en documentos judiciales colocan a Alcoa entre las multinacionales a quienes los fiscales acusan de haber destruido o ayudado a destruir la mayor selva tropical del mundo. La fiscalía federal y la del estado de Pará entablaron en 2005 una demanda contra la filial brasileña de Alcoa para bloquear la construcción de la mina, por evadir la ley al no solicitar un permiso federal y sólo pedir una licencia al estado de Pará.

Tras cuatro años de regateos jurídicos, el pleito sigue pendiente. Alcoa, que niega haber cometido infracción alguna, ha completado la construcción del ferrocarril, el puerto y las plantas de elaboración. Ahora está lista para producir.

“La agencia estatal carece de autoridad para dar a nadie pleno derecho a tierras en explotación, especialmente en el caso de una reserva”, dice el fiscal estatal Raimundo Moraes. “Alcoa invadió la zona, impertérrita. Alcoa no tiene vergüenza”. En una respuesta escrita a preguntas de Bloomberg News, Alcoa dice que “tiene todas las licencias gubernamentales necesarias para poner en práctica el proyecto minero de Juruti”.

El Amazonas, que abarca nueve países y es del tamaño de Australia, ha sido por siglos el pulmón de la Tierra. Pero esa fuerza se está agotando. La selva que más dióxido de carbono absorbe en el mundo se está achicando, y con ello agravando el calentamiento global.

Los incendios intencionales para despejar terreno para ganaderías y fincas generan 6% del dióxido de carbono despedido en todo el mundo, según la Union of Concerned Scientists. Esto equivale a la mitad de las emisiones de automóviles, camiones, aviones, trenes y barcos del planeta. Hasta la fecha, empresas y personas han destruido más de 857,000 kilómetros cuadrados de selva amazónica, un área del tamaño de Francia e Inglaterra juntas, según la ONU.

Los ganaderos son responsables de 80% de la deforestación ilegal, según el Ministerio del Medio Ambiente de Brasil. Venden novillos a los tres mayores productores de carne de Brasil. Entre ellos a JBS, el más grande del mundo.

Wal-Mart, Carrefour y McDonald’s han comprado carne a esas compañías, según expedientes de ventas y exportaciones del servicio de recaudación fiscal de Brasil. Ford Motor, General Motors y Mercedes-Benz, de Daimler AG, han comprado piel para asientos de automóviles y camionetas a Eagle Ottawa LLC, una empresa de Michigan, que adquiere materiales a compañías ganaderas en zonas deforestadas ilegalmente. Estas multinacionales dicen estar trabajando para evitar comprar productos originados en zonas deforestadas.

En diciembre, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reunirá a líderes de 200 países en una conferencia de la ONU en Copenhague para tratar sobre un remplazo al Protocolo de Kioto. “Tendremos que llegar a un acuerdo mundial si queremos legar un planeta viable a futuras generaciones”, dijo Lula. Él estableció la meta de reducir la deforestación en 80% para 2020. Pero el propio Lula ha autorizado la construcción de carreteras y plantas de electricidad en el Amazonas, y ha aumentado la financiación para empresas ganaderas y fábricas en áreas deforestadas.

A 160 km de la minera hay campos de soya flanqueados por estrechos remanentes de la selva que solía cubrir toda el área. Árboles quemados yacen en el suelo al final de la propiedad de Edno Cortezia, en donde los trabajadores prenden fuego a la selva para liberar espacios para la agricultura.

Cortezia está cultivando soya donde alguna vez hubo selva porque Cargill construyó un puerto a 30 kilómetros, en la confluencia de los ríos Amazonas y Tapajos.

Como Alcoa, Cargill ha tenido roces con los reguladores. En EU, la Agencia de Protección Ambiental (APA) ha citado a la firma por contaminar ríos y matar peces.

En 2005, Cargill firmó un acuerdo con la APA y el Departamento de Justicia para resolver acusaciones de que la compañía había subestimado la contaminación del aire en plantas de procesamiento de maíz y soya en 13 estados. Mientras el caso estaba pendiente, la multinacional terminó la construcción del puerto en 2003.