6 propuestas para crecer
En una oficina de la colonia Polanco del Distrito Federal, 14 empleados del Grupo IMSA pasan las horas entre papeles. Tramitan los asuntos de exportación, fiscales o laborales de la empresa que no pueden resolver en las 59 delegaciones gubernamentales que hay en Monterrey, sede de la compañía.
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“Tengo 5,000 trabajadores en Estados Unidos y, por supuesto, no tengo oficina en Washington”, protesta enojado Eugenio Clariond, presidente del Consejo de Administración de la firma. La carga de los 2,500 trámites existentes en México ascienden, según cálculos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), a $132,000 millones de pesos. Un gasto atribuible tanto al gobierno federal como a los estatales y municipales. En junio, pocas semanas antes de las elecciones del 6 de julio, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) anunció al fin que abordaría la simplificación de los 20 trámites de mayor costo.
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“Todos esperábamos que un presidente del PAN, sin compromisos con la burocracia, iba a reducir el número de requisitos –afirma el directivo de IMSA, la cual obtuvo ventas por $27,300 millones de pesos en 2002 en sus negocios siderúrgico, de autopartes y material para construcción–, pero hizo lo contrario: agrandó instancias, coordinaciones y subsecretarías.” La nómina del sector público creció 14% anual hasta mayo pasado.
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Dos años y medio después de la llegada de Vicente Fox a la Presidencia, y a pocas semanas de las elecciones legislativas, los empresarios mexicanos rompieron su habitual silencio. El más callado de todos, Dionisio Garza, presidente de Alfa, reprochó la falta de iniciativa y reacción rápida de la administración foxista. Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, Telmex y América Móvil, entre otras organizaciones, reclamó un cambio de modelo económico, dado que la estabilidad macroeconómica es una realidad.
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No hay excusa
Es cierto que los empresarios podrían escudarse por la situación en Estados Unidos, donde la producción industrial no ha dejado de caer desde enero. Pero al otro lado, dice Clariond, también se encuentran con que pagan menos impuestos –“casi todo es deducible”–, gastan menos en electricidad –“el costo en México se incrementó 50% en tres años”– y no sufren inseguridad jurídica.
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“Hay una frustración acumulada por la falta de crecimiento económico –advierte Héctor Rangel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien desde mayo se propuso defender a cuanto empresario saliera a la palestra a protestar. “Sin duda el ambiente internacional pesa, pero hasta ahora nunca se tomó la iniciativa de impulsar la competitividad y detonar el mercado interno.” Estas últimas son las omisiones más criticadas.
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Pero ningún congreso debe aprobar la simplificación de trámites para que empresas como la francesa Plastic Omnium (con ventas en 2002 por $150 millones de dólares) puedan importar maquinaria nueva sin pagar hasta 25% del valor del equipo. Las que quieran evitar el costo extra deben pedir un permiso temporal y eso suma un paso al trámite. “El gobierno hace al revés: promueve que el país se llene de equipo viejo e incentiva a que la inversión extranjera busque otro mercado”, dice Luis Álvarez, director general de las cuatro plantas que proveen a Volkswagen, Nissan y General Motors de las partes plásticas exteriores de sus vehículos.
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Estabilidad… ¿y luego?
Paradójicamente las condiciones macroeconómicas caminan por otro carril, el saludable: en mayo Hacienda enterró a los bonos Brady, un vestigio de la dolorosa crisis de deuda en los 80, y unos $50,000 millones de dólares de reservas duermen en las arcas del banco central. Además, se prevé 4% de inflación para fines de año y las tasas de interés de referencia se desplomaron de 20%, hace año y medio, a la cuarta parte. Pero la microeconomía aún no reacciona. El incremento del 0.9% en el PIB de 2002 palidece ante el 3.4% logrado por Canadá, un país tan dependiente como México del ciclo económico de Estados Unidos (que avanzó 2.4%).
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“Más que estar enojados –dice José Luis Barraza, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex)–, queremos coordinación de acciones en el gabinete.”
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Las bases sobre las que Fox previó el progreso del sexenio se toparon con la negativa del Congreso a aprobar las reformas consideradas esenciales para crecer por encima de 5%. La fiscal, basada en la generalización del impuesto al valor agregado (IVA), lo que incrementaría la capacidad de inversión del gobierno; la energética, en electricidad y gas natural; o la laboral, necesaria para modernizar un marco legal que tiene 70 años. ¿Entonces? Los industriales reclaman lo que cabría esperar de un gobierno proempresa: desregulación, promoción de la inversión privada y defensa del Estado de derecho.
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Dos noticias pueden cambiar el panorama: Fox anunció que serán deducibles las inversiones en activos fijos y la banca mexicana advirtió que el crédito regresará este año con $174,000 millones de pesos.
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No todo el sector privado apunta sus cañones a Los Pinos: 60% de las empresas que respondieron al cuestionario de Expansión aseguran que no están defraudados por el gobierno; una proporción similar (57%) confía en que las reformas estructurales se darán antes de 2006. De hecho, la gran mayoría (87%) atribuye al Congreso la responsabilidad por la falta de avances.
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Lo que sí se puede hacer
Los empresarios no sólo se quejan. El CCE presentó en febrero a Fox 18 propuestas de corto plazo para mejorar el desempeño económico. El gobierno no tardó en recoger algunas: reforzó el combate al contrabando con asistencia de las cámaras textil y del vestido, emprendió la simplificación de los trámites de mayor impacto regulatorio y creó sistemas de apertura de compañías mucho más ágiles en varias ciudades piloto. “Van por el buen camino”, concede Clariond.
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Despertar al convaleciente mercado interno –mientras Estados Unidos retoma el añorado crecimiento– exigirá algo más. Las propuestas de Dionisio Garza, de Grupo Alfa, se ahogaron en las olas que levantaron sus críticas, “malinterpretadas” según un vocero de la compañía. Tras redundar en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, insistió en la simplificación administrativa y el desarrollo del mercado interno con inversión en infraestructura.
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La aprobación de una reforma energética sería a su juicio un detonante del crecimiento. Según el CCE, la apertura de la exploración y explotación de hidrocarburos duplicaría la inversión extranjera directa, atrayendo durante un periodo largo $25,000 millones de dólares anuales, sin necesidad, precisa, de que Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se privaticen.
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Como una reforma semejante parece muy remota, las miradas apuntan a los planes de inversión pública con participación privada. Para este año, el presupuesto en infraestructura es de $222,900 millones de pesos, 4% superior al de 2002. “Se puede atraer inversión privada a tratamientos de agua, basura, hospitales, obras como la presa de El Cajón, la del tren suburbano o el aeropuerto”, apunta Rangel.
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El hombre de cuyas decisiones depende la Bolsa Mexicana de Valores dio un volantazo al debate. Slim propuso descartar el modelo económico funcional para superar la crisis y sustituirlo por uno de desarrollo inspirado en el economista John Maynard Keynes: aumentar la inversión pública con el fin de promover el crecimiento y no vivir con la “obsesión” de un bajo déficit público.
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Las reformas no lo son todo
La aprobación de lo que ya está en el Congreso no resolverá todos los problemas. IMSA, Vitro y Cementos Apasco apostaron por su propia planta eléctrica. Tractebel inauguró esta obra de $190 millones de dólares. Pero el precio del gas natural, el combustible que alimenta la planta, subió 50% desde hace un año. “Me está costando un dineral”, lamenta Clariond.
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Como él, muchos otros presionan para que el gobierno busque esquemas privados de exploración y producción de hidrocarburos. Slim propone una alternativa nacionalista: hacerlo con $10,000 millones de dólares de las reservas del Banco de México. “Los retornos son de 50% de la inversión.”
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En el terreno fiscal hay otro pendiente. “Una tasa de 34% por ISR, con pocas opciones para reducirlo con deducciones, hace todo más difícil”, dice Héctor Kejner, vicepresidente de Desarrollo de Negocio en Flextronics, una maquiladora electrónica de Guadalajara con 6,000 empleados. Los bajos salarios en Asia y las tasas competitivas en otros países suponen una desventaja. Intel se fue a Costa Rica y Hewlett-Packard se llevó a Oriente su producción de impresoras para Norteamérica, porque el gobierno no pudo ofrecerles un mejor esquema impositivo.
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La última milla
El desaliento empresarial se debe también a la lentitud con la que los legisladores han recogido sus demandas. La Cámara de Diputados seguirá dividida tres años más, según las encuestas disponibles al cierre de esta edición. La exploración en el seno de los partidos no arroja más que una luz: todos quieren reformas, pero cada quien por su lado.
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¿Qué es prioritario? El 77.8% de las empresas encuestadas por Expansión, dice que la fiscal es la reforma más urgente. Que se amplíe la base de contribuyentes –mediante el IVA–, se reduzca la dependencia de los ingresos del petróleo y se simplifiquen trámites.
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El gobierno cree que la reforma eléctrica enviada al Congreso tiene más terreno ganado: “el 80%”, dice Santiago Creel, secretario de Gobernación. El funcionario propone que el Congreso discuta simultáneamente las reformas políticas y económicas. Algo que el ex canciller Jorge Castañeda, que en enero abandonó el gobierno, desafía abiertamente. “Fox podría cambiar de táctica –escribió en la revista Newsweek– dejar de lado las llamadas reformas estructurales y asumir un reto no menos importante: la transformación de la política mexicana.” Es decir, proponer la reelección de legisladores para profesionalizarlos.
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Los efectos de que no se aprueben las reformas podrían ser dramáticos: de cada 10 empresas consultadas cuatro reducirán personal si no se aprueban; dos trasladarían una línea de fabricación a otro país y otro par reduciría la producción.
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Rangel cree que no todo está perdido. Hasta diciembre de 2004 hay un tiempo para los acuerdos, antes que las elecciones presidenciales enturbien el proceso legislativo. “Los tres partidos creen que van a ganar en 2006, y el incentivo es que quien triunfe tendrá un mejor país que gobernar.”
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Creel asegura que ha aprendido. Los empresarios saben que no necesariamente los van a escuchar y que puede que las cosas no cambien. “Pero si no lo pedimos nosotros, quién lo va a pedir”, suspira Rangel.